Plaza Pública

¿Quién mató a Brad Will?

Por: Miguel Ángel Granados Chapa

Más de una vez hemos formulado aquí la pregunta que da título a esta columna, referida al asesinato del periodista norteamericano que cayó abatido a balazos en octubre de 2006, durante uno de los episodios violentos que merced a la agresividad de las policías estatal y municipales marcaron la movilización de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) contra el gobernador Ulises Ruiz.

Es necesario reiterar esa interrogación ya que, por fortuna, el jueves pasado quedó en libertad Juan Manuel Martínez Moreno, quien permaneció injustamente preso durante 16 meses, acusado de aquel homicidio, imputación que nunca pudo probarse por la sencilla razón de que Martínez Moreno fue por entero ajeno al asesinato.

Lo detuvieron casi un año después de ocurrido el delito y lo enjuiciaron en el fuero común sin casi ningún elemento para robustecer la imputación que se basaba en lo declarado por dos testigos de oídas, uno de los cuales, camarógrafo de Televisa el día de los hechos, dijo sin ambages que no conocía a Martínez Moreno y no sabía quién había disparado contra Brad Will.

El otro testigo notificó haber sabido que el asesino era el propietario de dos vehículos, una Cherokee negra y un Golf café claro, vehículos que de ningún modo pertenecen al acusado en falso ahora en libertad.

Cuando ocurrió el ataque a Will, fueron detenidos un ex regidor y gendarmes de Santa Lucía del Camino, a la vera de la ciudad de Oaxaca. Sus imágenes figuraron en videos que los mostraron en posesión de armas largas, el tipo de instrumento utilizado para asesinar al periodista.

Sin embargo, los detenidos quedaron rápidamente en libertad ya que identificarlos como responsables hizo saber que eran miembros de la autoridad quienes habían disparado, y no integrantes de la APPO quienes lo habían hecho, como pretendió desde entonces probar el Gobierno oaxaqueño.

Los padres de la víctima, por su parte, mantuvieron su demanda de esclarecimiento del crimen, apoyados por la embajada de los Estados Unidos, de suerte que esa presión obligó a la autoridad local a la fabricación de un culpable. Dada la fragilidad de la acusación en la justicia ordinaria, intervino en el caso la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas.

La intervención se realizó por medios formales y por situaciones de hecho. Por ejemplo, el agente de la AFI Fabián Laredo se presentó un día en el penal de Santa María Ixcotel. Sin derecho siquiera a verlo, pues no era familiar ni abogado del procesado, obtuvo autorización para interrogarlo, lo que hizo antes de intimidarlo para que se admitiera culpable.

En otro momento, la PGR contrató a dos jubilados de la Real Policía Montada del Canadá, quienes sin tener más elementos que el expediente procesal y no los de otras investigaciones, determinaron que el homicidio se había cometido, como insistió el Ministerio Público, a corta distancia y por la espalda de Will.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos había concluido lo contrario: que el tirador contra el periodista se hallaba frente a él a media distancia.

A pesar de que los presuntos expertos canadienses ni siquiera cotejaron los resultados de las dos indagaciones, su declaración fue difundida por la PGR como una prueba concluyente contra Martínez Moreno.En otro momento procesal, la PGR aportó una prueba pericial que le fue rechazada porque la presentó extemporáneamente. La Procuraduría inició una queja cuyo desahogo demoró el procedimiento, en perjuicio del detenido sin motivo.

Todavía en el extremo de los procesos, la PGR solicitó la revisión de uno de los amparos acordados a favor de Martínez Moreno. De haberse abstenido, éste hubiera quedado en libertad el 30 de diciembre pasado. Pero por la intervención de la PGR pasó mes y medio más en prisión.

El fiscal especial Octavio Alberto Orellana se empecinó en atribuir a Martínez Moreno la muerte de Brad Will. La oficina a su cargo ha mostrado sobradamente su inutilidad y el fiscal, que carecía de experiencia ministerial, se aferró a la acusación sesgada y tramposa del Gobierno oaxaqueño para lograr lo que supuso sería un éxito.

Cuando cumplió un año en sus funciones, en marzo de 2008, informó a diputados miembros de una comisión sobre crímenes contra periodistas que mantenía abiertos setenta expedientes, cuarenta de los cuales se referían a agresiones cometidas en Oaxaca.

De todas ellas sólo una, la que privó de la vida al periodista norteamericano parecía prosperar: había un detenido y testigos que lo señalaban. Pero todo era un montaje al que Orellana se prestó en beneficio del Gobierno de Ruiz.Ahora el fiscal ha sido removido.

Fue nombrado en su lugar un experto en la indagación ministerial, Gustavo Salas, que fue fiscal central de homicidios en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Aunque no todos los casos le incumben, podría atraer al ámbito federal la averiguación de asesinatos de periodistas, que menudean, y abordarlos conforme a la ley no como en el caso de Martínez Moreno, culpable inventado.

El año pasado fueron muertos con violencia ocho periodistas y en los dos primeros meses de este año son ya tres las víctimas.El fiscal Salas dejó su encargo anterior en el Ministerio Público local por afirmar que sus compañeros son "huevones" y "vividores".

Si no es solamente un burócrata malediciente, su expresión muestra un credo laboral que bien desarrollado hará vivir un despacho mortecino