Un nuevo escándalo que afecta a la ya deteriorada imagen pública de la jerarquía de la Iglesia católica en México, está en vías de detonarse en la ciudad de México, y esta vez no se trata de un asunto de dimes y diretes entre un prelado y un gobernante, sino de un litigio penal que involucra al Obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, a la familia Azcárraga y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
El origen del escándalo en puerta se remonta al 2003, cuando el Obispo de Ecatepec dijo que había prestado 130 millones de dólares en efectivo a la señora Olga Azcárraga, siete meses antes de que la dama falleciera, pero los familiares de la occisa negaron que dicho préstamo haya ocurrido, y además iniciaron acciones legales en contra de Onésimo Cepeda, a quien demandaron penalmente por el delito de fraude ante un Juzgado Penal de la capital del País.
En el litigio emprendido por los familiares de la señora Olga Azcárraga está en juego el dinero supuestamente prestado a la occisa por el Obispo de Ecatepec y una colección de arte integrada por cuadros de diversos pintores que están valuados en cifras millonarias.
Según los familiares de la señora Olga Azcárraga, el préstamo en cuestión nunca existió. Alegan que el único registro que existe de esa transacción es un pagaré que la señora Azcárraga firmó al Obispo de Ecatepec y que éste endosó en propiedad a Jaime Matute Labrador, quien fuera administrador de la empresa Arthinia, la cual a su vez es propietaria de la colección de arte en disputa. Cabe señalar que Matute Labrador es señalado en la demanda penal contra Onésimo Cepeda como presunto cómplice del prelado.
El expediente del caso es el 652/2010 y está radicado en el Juzgado XI de Distrito de Amparo Penal de la ciudad de México. De acuerdo con una disposición de un Juez federal, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal deberá tramitar ante el Poder Judicial local la solicitud correspondiente para que se libre una orden de aprehensión en contra del Obispo de Ecatepec, a fin de que responda a la acusación penal de fraude de 130 millones de dólares que los familiares de la señora Olga Azcárraga interpusieron en contra del prelado hace tiempo atrás.
De acuerdo con el abogado Xavier Olea, quien representa a la parte acusadora, existen elementos que refuerzan la acusación contra el Obispo de Ecatepec, en el sentido de que fueron falsificados el pagaré y el préstamo con el fin de apoderarse de manera ilegal de la colección de pinturas que vale una fortuna.
La disposición del Juez federal que instruye a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a tramitar ante el Poder Judicial local la orden de aprehensión contra el Obispo Onésimo Cepeda, no constituye en sí un fallo definitivo, pues todavía puede ser recurrido en los tribunales por las partes en conflicto.
Mi opinión: Por donde se le vea, este asunto huele muy mal. En el caso de que en verdad el Obispo de Ecatepec haya prestado 130 millones de dólares en efectivo a la señora Olga Azcárraga, la pregunta obligada es: ¿De dónde obtuvo o sacó tanto dinero un Obispo que se supone vive de los ingresos que generan las actividades de su Diócesis? También cabe preguntarse por qué el prelado no demandó el pago del supuesto préstamo cuando la señora Azcárraga aún estaba viva, en vez de esperarse siete meses después de que la dama falleciera para hacerlo. Por otro lado, la acusación de que el Obispo de Ecatepec haya incurrido en falsificación de firmas y documentos es muy grave, pues el inculpado no es un simple ciudadano que llevado por la ambición monetaria viole la Ley para obtener dividendos económicos, sino que se trata de un jerarca de una Iglesia que pregona la virtud, la decencia y la frugalidad como un estilo de vida. Sea cual fuere el resultado final del litigio en cuestión, es evidente que este asunto repercutirá negativamente en la imagen pública no solamente del Obispo Onésimo Cepeda sino de toda la jerarquía de la Iglesia católica en México. En fin.
LA RESACA: Una gran alharaca se ha creado en la Internet en torno a la detención del presunto distribuidor de pornografía infantil que laboraba en las oficinas centrales del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CONECULTA), Héctor Anibal Bautista Flores, a quien la Procuraduría General de Justicia del Estado mantiene en calidad de arraigado en tanto se investiga su presunta actuación ilícita y se consiguen datos contundentes que hagan irrebatible su consignación ante un Juez Penal. En la Internet ya circulan diversas informaciones propaladas por los defensores del inculpado, en las cuales se hace enfásis de que se trata de una venganza de carácter político contra el indiciado por parte del Gobierno del Estado, y no de un asunto meramente penal infamante como es el delito de difundir pornografía infantil en la Internet. Al respecto, cabe hacer hincapié en el hecho de que al detenido le encontraron en posesión de 50 mil imágenes pornográficas y además en los interrogatorios el inculpado aceptó dedicarse a dicha actividad delictiva tan infamante. El caso apenas comienza a procesarse en el ámbito penal, y habría que esperar a que en ese ámbito se desahoguen pruebas en contra y a favor del inculpado y que sea un Juez Penal el que dicte la ultima palabra; sin embargo, los defensores a ultranza de una libertad de expresión sin límites morales ni legales al parecer no tienen paciencia ni respeto a la Ley, pues ya han convertido al presunto pornógrafo en una víctima del “Gobierno represor” en turno. En fin…Y hasta mañana.GRACIAS
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