Pedro Sergio Becerra Toledo, era un funcionario de quinta categoría en la cuestionada administración municipal que encabezó Jaime Valls Esponda; se encargaba del área de centros de detención preventiva. Ahí caen los que se involucran en riñas callejeras, manejan en estado de ebriedad, orinan en la calle o cometen cualquier falta administrativa que no amerita ser consignados a la Procuraduría de Justicia. Normalmente, la estancia dura hasta que se paga una multa, por lo general, pequeña. Hay seis de esos centros en la capital chiapaneca y cada una cuenta con un juez calificador. Becerra Toledo era el jefe de éstos.
El funcionario, de entrada, pidió a los jueces calificadores que, “por instrucciones del señor presidente municipal”, se le entregasen 4 mil 500 pesos mensuales. Esto, según explicó a uno de los administradores de justicia, “para un fondo de ahorro para la campaña a la gubernatura del licenciado Valls”. Claro está que ese dinero, no sería consignado en los reportes de recaudación por concepto de multas que debería ser entregado a la Tesorería Municipal.
Inicialmente, quien recogía el producto de ese deleznable acto de corrupción, era Noé Macías, excoordinador de dichos centros de detención; pero Macías, dicen los quejosos, no entregaba completo el dinero a Becerra Toledo, quien procedió a destituirlo del cargo. Ladrón robando a ladrón. Se encargó entonces de ser él quien acudía mes con mes a recoger el dinero. Pero no todos los meses, los jueces podían reunir la cantidad exigida por el corrupto funcionario. Éste se enojaba en extremo y amenazaba con correrlos e incluso, procesarlos por faltas a la “administración de justicia”.
Algunos jueces protestaron; otros callaron y más de uno, decidió denunciarlo ante el entonces alcalde Valls Esponda. No fueron escuchados. El edil los ignoró por completo y pese a las pruebas, dejó en el cargo al funcionario corrupto. El dinero escaseaba.
—¡Rómpanles la madre a los detenidos para que suelten más lana!, —cuenta un denunciante que ordenó Pedro Sergio Becerra.
Y él mismo acudió algunas veces a supervisar las golpizas que los guardias daban a los detenidos. Las multas reportadas ante la Tesorería del municipio, eran las mismas; el caudal en beneficio del funcionario, aumentaron. Entre golpe y golpe, amenazaba a los detenidos con consignarlos a la Procuraduría por delitos graves. Varios que no pudieron pagar las sumas exigidas, en efecto, fueron consignados por delitos como violación, intento de homicidio, agresiones… De 100 ó 200 pesos que era la multa normal, Becerra obligó a los jueces pedir de entre mil y mil 500 pesos de multa.
Cuando algunos jueces se rebelaron contra el violador de los derechos humanos de los detenidos, en contubernio con el propio Jaime Valls Esponda, instruyeron a la Contraloría Municipal para iniciar procedimientos administrativos contra los jueces, con miras no solo a destituirlos sino a inhabilitarlos del servicio público. El terror se apoderó de éstos y optaron por obedecer ante la amenaza de sufrir represalias. “Lo hacíamos por temor a perder el empleo y a ser inhabilitados”, confesó uno de los denunciantes.
Hace unos días, presentaron la misma denuncia ante las nuevas autoridades municipales; Becerra Toledo, enterado de la denuncia, llamó a los celulares de los jueces y les amenazó de muerte.
Nos preguntamos: ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué permitir que se violen los derechos humanos? ¿Quién protege a Pedro Sergio Becerra Toledo? ¿Cuánto dinero recibió el actual rector de la UNACH por esos ilícitos?
Como vemos, el funcionario municipal incurrió en varios delitos graves. Podemos asegurar que mantuvo bajo secuestro a los detenidos para despojarlos de distintas cantidades de dinero. Por tanto, ninguna autoridad debe dejar pasar por alto ese tipo de atropellos, a menos que el secuestro, la extorsión, el robo, el abuso de autoridad sean parte de un sistema de gobierno, lo cual dudamos mucho, en virtud del esfuerzo del Gobierno del Estado para combatir esos males.
En ese sentido, no se puede estar contra las disposiciones de ley y contra la voluntad de Juan Sabines Guerrero, quien se ha comprometido a velar por los intereses y derechos de todos los chiapanecos. Becerra Toledo, debe pagar por sus delitos. No puede quedar impune. Es una exigencia, no de los jueces que fueron víctimas del abuso de ese mal funcionario, sino de toda la sociedad. Obviamente, de los ciudadanos que fueron extorsionados, golpeados, vilipendiados, robados en nombre de un alcalde que por cierto, ha sido uno de los peores que ha tenido Tuxtla Gutiérrez. Ojalá, haya justicia. Es tiempo de salvar a las instituciones.
Tarjetero
*** La gobernadora Jan Brewer, no necesitó un “ilegal” latinoamericano para ponerse en las manos de la sospecha; fue un gringo loco (mariguano, sin duda) el que atentó contra un grupo de personas, matando a varios. El odio que la señora Brewer ha sembrado en contra de los migrantes, está dando frutos. Todo se paga en ésta vida, sin duda. *** En el PRI estatal, nada se parece al nacional. Acá, las turbas de sedicentes se golpean unas contra otras. Salvajismo y tantas cosas que dan risa. Hablarles de unidad es como hablar de perlas a los marranos. Ya veremos en qué quedan. *** Plácido Morales Vázquez, titular de Pesca, en problemas; muchos pescadores le siguen acusando de engañarlos con programas inexistentes y en algunos casos de incumplimiento de promesas. ¿Sabrá el gobernador que Plácido le está jugando chueco al estado de Chiapas? *** Luego nos leemos.
ksheratto@hotmail.com
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