A PAGAR
Por. Paco Andrade
Dice el dicho que a todo “cochi” le llega su madrugada y el de Limberg Narcía López, no tiene porqué ser la excepción.
Y fue la Procuraduría General de Justicia del Estado quien cumplimentó la orden de aprehensión girada por el Juez Penal de “El Amate” en contra de Narcía López, quien fingió como Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Transportes.
El cargo que le imputan es el de probable responsable de los delitos de Asociación Delictuosa, Peculado y Ejercicio Ilegal del Servicio Público, por un quebranto superior a los nueve millones 208 mil 044 pesos en agravio del Patrimonio de los chiapanecos.
Hugo Limberg es investigado por la FECDO por el delito de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita.
El indiciado creó el “Grupo Corporativo Internacional S.A. DE C.V.”, del cual funge como propietario del 99 por ciento de las acciones, a través del cual adquirió en los últimos años una serie de empresas, a pesar de haber declarado que a partir de 2008 no contaba con un empleo, ni dinero o propiedades, por lo que vivía con su madre.
Es investigado por su presunta participación en el blanqueo de dinero en complicidad con el consorcio Álvarez Puga & Asociados bajo la dirección general de José Antonio Aguilar Bodegas.
En cuanto al desvío de más de nueve millones de pesos, la investigación derivó de la denuncia realizada por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por lo que la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos dio inicio a la averiguación previa número FESP/27/2011.
Como parte de la Auditoria 065/2010, realizada a los recursos públicos ejercidos por la Secretaría de Transportes del Estado, durante el Ejercicio Fiscal 2009, se detectó la asignación irregular del contrato para la ejecución del Proyecto “Estudio Integral de Transporte Público e Infraestructura Vial en Tuxtla Gutiérrez”, a favor de la Empresa Eureka Chiapas, S.A. de C.V.
Mientras que Proyecto “Fomento al Desarrollo del Sector Transporte del Estado”, se detectaron erogaciones no justificadas y otras improcedentes, así como falta de bienes y/o productos adquiridos.
Pero ahí no termina todo, la larga cola delincuencial de Pablo Salazar Mendiguchía, no ha concluido. Sólo cheque lector: Se liberó orden de aprehensión por recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada; Álvarez Puga & Asociados le pagaba montos millonarios al exgobernador.
Existen diversas pruebas revelan que Salazar Mendiguchía era “promotor” de la empresa que ayudaba a evadir el pago de obligaciones y derechos al fisco, el famosísimo outsourcing.
Se especula que en peritajes contables, se puede observar que Aguilar Bodegas recibió pagos millonarios a través de cuentas creadas por empresas “fantasmas”.
Es por ello que la PGJE cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Pablo Salazar Mendiguchía, ubicándolo en la cárcel pichicatera de Huixtla.
Está claro que el extitular del gobierno de la esperanza fue apercibido por cantidades millonarias de forma ilícita, como beneficiario de la empresa denominada “Consultoría Organizacional de Negocios S.C.”.
La Dirección de Prevención y Registro Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública documentó que al concluir su gestión como gobernador, Pablo Salazar Mendiguchía contaba con dos cuentas de cheques que sumaban un total de 687 mil 860.96 pesos. Obvio eso no tiene nada de malo si fue organizado en sus ahorros, pero lo complicado del asunto es que no coincide con lo declarado ante el SAT, toda vez que en el Ejercicio Fiscal del 2006, Salazar declaró ingresos por un monto de dos millones 318 mil 979 pesos.
La Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada investiga también a José Antonio Aguilar Bodegas, por la existencia de presuntos elementos de cargo que dan cuenta de una serie de depósitos a favor de José Antonio Aguilar Bodegas, que van de los 500 mil al millón de pesos mensuales.
La Fiscalía reporta también que la empresa Aeraruim, S.A. de C.V., paga a José Antonio Aguilar Bodegas el sueldo de un millón cinco mil novecientos cuarenta y cinco pesos, lo que contrasta con lo declarado por el excandidato, al afirmar que percibía 150 mil pesos mensuales por su trabajo como Director General y socio del mencionado despacho.
Lo que sí ya es de todos conocido, es el sistema que opera Álvarez Puga&Asociados; ofreciendo al empresario encargarse en un 100 por ciento de los asuntos laborales de la empresa, en lo que refiere a impuestos federales, impuestos locales, pago de seguro social, fondo de vivienda, entre otros.
Ofrece a sus clientes evitar el pago de dichas obligaciones, para lo cual firma un contrato de prestación de servicios entre el empresario y Álvarez Puga, creando empresas “fantasma”.
El modus operandi consistía en enganchar a empleados de las empresas originales, a quienes ofrecían diversas cantidades con la finalidad de hacerles creer que pasarían a ser dueños, haciéndoles firmar documentos donde efectivamente aparecían como propietarios y presidentes.
El colmo de la desfachatez es que hacen entrega de chequeras de la nueva empresa, documentación que es firmada en blanco lo que les permite continuar realizando movimientos financieros.
A la nueva empresa le denominan “Integradora”, la cual contrata a los empleados pero lo hacen bajo los esquemas de “sociedad cooperativa”, “sociedad en nombre colectivo”, “sociedad solidaridad social”, “sociedad anónima” o “asociación en participación”, pasando a ser socios cooperativistas, industriales o asociados y de esa forma, evadir impuestos.
En el Sureste del país, el sistema operaba las empresas conocidas como “Angus”, “Italianis”, “Papa Bills”, Café Punta del Cielo”, “Classico” y “Escenario”.
En este sentido, durante el periodo del siete de febrero del 2008 al 30 de abril del 2011, el corporativo a través de las empresas “Técnicas de Coordinación Administrativa” y “Grupo de Administración S.A. DE C.V”, ingresó a una sola cuenta la cantidad de 494 millones 16 mil 576.18 pesos, cuenta de la cual se detectaron diversos movimientos bancarios por más de 2.5 millones de pesos a favor de Aguilar Bodegas.
Al constituirse “Alimentos, Bebidas y Comestibles del Sureste, S.A.”, que operaba el giro comercial “Discoteque Classico” en Tuxtla Gutiérrez, fungía como presidente un sujeto que en la realidad era mesero del lugar y percibía un sueldo de dos mil pesos.
La PGJE aseguró dos inmuebles que funcionaban como despacho contable y despacho jurídico del Corporativo Álvarez Puga&Asociados en la capital chiapaneca.
Entre los pagos comprobados que la empresa Álvarez Puga & Asociados, con José Antonio como director, hicieron a Pablo Salazar depósitos en Banorte en 2006 por 12 millones de pesos; en 2009 en Santander por ocho millones 423 mil 464 pesos, esto, a través de prestanombres y que ahora se ha documentando fueron recursos cobrados por el propio Salazar.
La instancia de justicia en Chiapas asegura tener elementos suficientes para proceder y ejercitar acción penal por los delitos de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita en la modalidad de “Adquiera bienes y derechos de cualquier naturaleza, con el propósito de ocultar conocer el origen, localización y propiedad de los mismos”, “Deposite y transfiera recursos con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar o impedir conocer el origen y propiedad del mismo”, previsto por el articulo 478 párrafo segundo, y sancionado por el párrafo primero, del Código Penal del Estado.
Así como, por el delito de Delincuencia Organizada previsto por el artículo 376 y sancionado por el 377 del mismo ordenamiento.
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