A Fuego Lento

**Reflexiones sobre la Universidad Autónoma de Chiapas**

Por. Alberto Ramos

En principio, nos imaginamos una universidad necesaria, crítica, democrática, organizada, planificada, evaluada y autónoma, cumpliendo siempre su compromiso con la función social de su época y de su sentido, eminentemente público. El pensar y la libertad, como fundamento de su existencia, como los rasgos más sobresalientes en su devenir histórico-social.

Las características que le asignamos a nuestra institución, en el párrafo anterior deben ser desarrolladas por los propios actores internos: autoridades (nombradas por la comunidad universitaria), los estudiantes, los maestros, y los trabajadores administrativos y manuales. Sin embargo, tales características mencionadas requieren de la lucha política de los universitarios conscientes, ya que son contrarias al modelo específico de sociedad, actualmente de corte capitalista neoliberal. Esta última tendencia es privatizadora y genera un tipo específico de educación y de institución superior. Por el contrario, la primera produce una universidad que se piensa públicamente y socialmente. Como bien afirma Pablo González Casanova: “La privatización del sector público en México y el mundo es un proyecto neoliberal del complejo de macroempresas transnacionales cuyo centro hegemónico se encuentra en los países más avanzados de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), a los cuales encabeza Estados Unidos”.

En 1950 el gobierno federal instituyó a la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), como una instancia para coordinar los esfuerzos de las instituciones de educación superior y teniendo, como asunto de importancia, lo relativo a la planeación de dichos centros educativos. Pero no fue sino hasta 1978 en que la planeación aparece como una política clara de participación gubernamental. Como bien lo afirma Guillermo Villaseñor García: “De allí que su mayor esfuerzo lo hubiere dirigido a la elaboración de lo que los planeadores han llamado el documento-plan, el cual se ubica en una dimensión estática, sin atender adecuadamente las dinámicas, tanto conceptuales como de los sujetos participantes, sin detenerse en las fluctuaciones que se dan en los procesos vivos de la planeación, como tampoco en reparar perspicazmente en los movimientos que se dan en los procesos educativos”.

En 1978 se instaló el espíritu de la planeación en los espacios públicos de educación superior. Esta actitud planeadora no constituyó un hecho neutral, ideológicamente, ya que responde a una política de gobierno capitalista, cuyo objetivo persigue el control de la academia, de la investigación y de la difusión cultural, para ponerlas al servicio del orden mencionado. Estos hechos ponen en sospecha a las autonomías institucionales, garantizadas en el artículo tercero constitucional.

En 1982 el modelo capitalista neoliberal, con toda su carga ideológica mercantilizada, tecnológica, económica y cultural, empezó a penetrar en las universidades públicas, vía la política educativa

implementada por el gobierno de la República y aterrizada en las instituciones que conforman el sistema educativo nacional por la Secretaría de Educación Pública.

Con las políticas educativas neoliberales y modernizadoras, se colocó a la educación como una mercancía para la competencia, la eficacia, la equidad, la eficiencia y la lucha individual en el campo del credencialismo académico. Como dice atinadamente el intelectual Gabriel Zaíd: “Pero, en la práctica la educación dejó de ser importante por sí misma. Se redujo al proceso de obtener credenciales para tener oportunidades de empleo”.

De esa forma las universidades públicas, si querían un incremento en sus presupuestos, ahora quedaban sujetas a los caprichos de los planeadores, evaluadores y acreditadores del gobierno federal y las corporaciones económicas y culturales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la UNESCO. Esta es la razón del porqué las administraciones y sus autoridades empezaron por elaborar sus planes de desarrollo institucional. No crean ustedes que a aquellas les preocupa la planeación, sino que no les otorgan el financiamiento correspondiente.

Las políticas neoliberales, en los últimos sexenios, empezaron por vincular la planificación, la evaluación, la participación social y la acreditación, certificación con los programas académicos, como armas o mecanismos de poder y dominación para someter a las instituciones al destino manifiesto de los mercados, controlados por el empresariado nacional e internacional. Como afirma correctamente Pablo González Casanova: “Las fuerzas dominantes, como en toda sociedad, presionan en general por el tipo de educación que necesitan. Las empresas privadas corporativas y sus asociados reclaman la preparación de trabajadores, empleados y funcionarios que participen con eficacia en su gestión, que estén educados para aumentar su productividad, que respeten los sistemas de trabajo impuestos y que internalicen el entusiasmo por la maximización de utilidades”.

Con la triada técnica, planificación, evaluación y acreditación, la Secretaría de Educación Pública obliga a los rectores y sus administraciones a practicar la ideología del capitalismo académico, para cooptar su sentido social y público. Con estas políticas de irresponsabilidad social, por parte del Estado, el gasto público se reduce a su mínima expresión en el campo de lo educativo. En estos momentos se privatiza la conciencia, vía los exámenes de evaluación ya que éstos son aplicados por organismos internacionales (FMI, BM y UNESCO). Los trabajadores académicos van en busca de la nueva zanahoria, con aptitudes y prácticas individualistas y egoístas, esto es, la lucha por puntos curriculares para la competencia en la carrera docente y la becas al desempeño y productividad.

El efecto en la aplicación de los anteriores mecanismos globalizadores y de mercadeo en la docencia produjo un rompimiento en los valores de solidaridad, de compañerismo y fines colectivos, en la comunidad universitaria. Otro mundo es posible.