Semáforo

Zedillo por 45 ¿y Felipe Calderón por cuantos?

Por. Exal Baltazar

Verde. El pasado mes de septiembre del 2011, 12 familiares de los 45 indígenas masacrados en 1997 en Acteal, Chiapas, demandaron al ex presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, ante un tribunal del Estado de Connecticut, E.U., por crímenes de lesa humanidad y exigen también una indemnización por 50 millones de dólares.

La demanda fue interpuesta por el despacho “Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess”, con sede en Miami (Florida) a nombre de seis hombres y cuatro mujeres sobrevivientes de los hechos y viudas e hijos de las víctimas cuyos nombres se mantienen bajo reserva.

Amarillo. Como se recordara según la acusación, la masacre ocurrió a raíz de la supuesta aplicación por parte del gobierno mexicano de “El Plan de Campaña Chiapas 94”, una presunta estrategia secreta para aplastar el movimiento insurgente zapatista que emergió públicamente el 1 de enero de 1994.

Zedillo, quien gobernó México de diciembre de 1994 a noviembre de 2000, interpuso a través de sus abogados la moción solicitando se deseche la acusación en su contra presentada en la Corte Federal en Hartford, Connecticut, el pasado 19 de septiembre, toda vez que rechazó la responsabilidad en la masacre de 45 indígenas tzotziles y alegó que no puede ser procesado en Estados Unidos por hechos ocurridos durante su mandato en México.

Por otra parte, el gobierno de México envió una nota diplomática a Estados Unidos para solicitarle inmunidad para el ex presidente Ernesto Zedillo por los hechos que se le imputan.

Actualmente, el ex presidente reside en Estados Unidos y es profesor en la Universidad de Yale.

Si esto le está sucediendo a Zedillo por 45 muertos, ¿acaso podrán proceder los familiares de los más de 50 mil muertos por una guerra infértil?

Rojo. Mientras tanto Felipe Calderón ya puso sus barbas a remojar enviando por conducto de la SRE una carta diplomática explicando: “Es que no le tienen paciencia” al gobierno de los Estados Unidos. Demostrando con ello que está preparando el camino por si “mañana” le toca a él ser la “victima”.

Semáforo descompuesto.

ISSSTE. Un tanto incómodos se encuentran trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Tapachula, ante el eminente regreso de Ángel Barrios Zea.

Muchos creían que por vergüenza y dignidad, el médico ya no se atrevería a regresar a ocupar el puesto que dejara vacante desde hace varios años, sin embargo, la noticia ha corrido como reguero de pólvora, lo que ha puesto a muchos de sus ex compañeros en una posición de preocupación ya que con él vienen una serie de conflictos que habían dejado de existir en esa institución.

La gente se empieza a preguntar ¿o fue muy poco o viene por ma$$?

Ayuntamientos. Dicen que hay un Ayuntamiento Municipal de la costa que prefieren pagar puntualmente a los “aviadores” que pagar la deuda de honorarios de médicos especialistas que tienen desde el mes de marzo del 2011.

MP de Acapetahua. Señalan de corrupto al juez penal de Acapetahua, Pedro Gómez Ramos y a Miguel Ríos Gutiérrez, primer secretario de acuerdos del juzgado del ramo penal, al dejar en libertad a presunto violador a cambio de dinero.

Antonio Ramírez Acevedo, relata que el 12 de noviembre del 2008 fue violada su entonces menor hija por Rafael Ricardo Pinto Wilson, quien después de dos meses fue detenido como presunto responsable y recluido el Centro de Reinserción y Readaptación Social para sentenciados numero 9.

A pesar de todas las pruebas presentadas en contra del indiciado en la resolución de termino constitucional emitida el 16 de septiembre del mismo año, se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar al sujeto que ultrajo a la menor, pero en la resolución de la sala dictada en el toca penal número 311-A-1PO2/2010 de fecha 11 de noviembre del 2010, los magistrados detallan que el funcionario Ríos Gutiérrez fue “omiso, negligente y amañado en el desempeño de sus funciones”.

Textualmente el documento dice, “la sala de magistrados al conocer el recurso de apelación ordenan la reaprehensión del acusado” y agrega “libre el acusado para que sirve tener otra orden de reaprehensión si ya se dio a la fuga”, señala que este es un funcionario que ya tiene “aclientada su secretaría”, piden a quien corresponda se realice una investigación a los funcionarios mencionados y sean castigados de acuerdo a ley por fomentar la corrupción.

Denuncias y comentarios: exalbja64@hotmail.com Cel. 962 10 80 934.