EN SINTESIS

Siguen los fraudes con concesiones 

Por. Vinicio Pórtela 

A pesar que desde el año pasado hubo una reforma de ley que le quitaba facultades al Ejecutivo Estatal para otorgar concesiones de trasporte público, hoy en día sigue habiendo vivales sin escrúpulos que engaña a la gente con el “dicho” de conseguirles una placas de taxi o de “combi” a cambio de una buena “mochada”. 

El desconocimiento de la reglamentación vigente, hacen que ciudadanos que les gustan las cosas fáciles caigan de inmediato con la tentación de obtener de forma incorrecta una concesión. 

En la víspera, un grupo de más de 500 personas denunciaron la presunta participación de una red de tráfico de influencias del trasporte público que supuestamente “merca” con estos permisos. 

Estos defraudadores, están liderados por Ana María Orantes Campos, quien a base de mentiras puede hacerse de dinero de incautos que creen que les va a vender unas placas de taxi o de colectivo, por las módicas cantidades desde 50 mil a un millón de pesos. 

Según los denunciantes, Orantes Campos se confabula con Oscar Octavio de la Riva y el Notario Público Eugenio Orantes de Coss para que por medio de enganchadores y supuestos trabajadores de la Secretaría de Transporte puedan hacer sus fechorías a sus “anchas”, ya que son “muy influyentes” y tienen amigos políticos muy poderosos. 

Incluso los afectados de Ana María Orantes Campos, aseguran que hasta el Fiscal de Asuntos Relevantes de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, José Alfonso Trejo Vázquez, está metido en esta red, la cual tiene su centro de operaciones en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Tonalá, Arriaga, Comitán, San Cristóbal de las Casas, además de parte de la zona norte y costa. 

En Tapachula no cantan mal las rancheras, en la Perla del Soconusco, trabajadores del volante denunciaron también la venta de concesiones del transporte público por parte del Presidente de la Cámara Estatal del Trasporte, Edgar Bustamante Girón. 

Los transportistas “huacaleros” señalaron que este “líder” presume de que en la próxima entrega ya estarán beneficiados los que se cayeron con los “quinquirrines” y que sus nombres aparecerán en el Periódico Oficial del Estado. 

Aunque los “chafiretes” no mencionaron el costo de las “laminillas” públicas, trascendió que Bustamante Girón las cotizaba en 100 mil del “águila” y que serán más de 70 los nuevos concesionarios, por lo que se llevo una pequeña fortuna en este su supuesto fraude. 

Y es que los afectados de Tapachula, aluden de que esta venta de concesiones es verídica, ya que el Presidente de la Cámara Estatal del Trasporte se acaba de reunir con el “mismísimo” Secretario del Trasporte, Alejandro Navas Sánchez en una restaurante de Tapachula. 

A demás afirman, que les resultó tan bueno el “negocito” que fueron rematar el compromiso en un “antro” de mala muerte y con chicas buena onda, y al calor de las copas se concretó eficientemente la “tranza”. 

Lo que sí hay que destacar, es que las víctimas de los supuestos defraudadores, también tienen su buena parte de culpabilidad y no me mal entiendan, los que pagaron son tan culpables como los que recibieron la “paga”. 

Quien quiere comprar una concesión de transporte público, sea un taxi, un colectivo, un mototaxi o un sencillo bicitaxi, sabe a ciencia cierta que lo que está haciendo es un delito. 

Ninguna de estas víctimas se puede sentirse engañado por estos líderes ambiciosos, como lo son: Ana María Orantes Campos y Edgar Bustamante Girón, ellos estaban al tanto de que esa negociación era fraudulenta y en lo “obscurito”. 

Por lo tanto, son tan culpables como los mismos vendedores de concesiones, que se llevan el dinero de incautos ignorantes, que por quererse saltar las normas legales, encuentran vivales que les “exprimen” hasta lo que no tienen. 

Por la parte de la autoridades de procuración de justicia y del Congreso del Estado, deberían de realizar indagatorias profundas ante estas dos denuncias y cerciorase si son verdaderos los hechos que se revelan y en su caso castigar a todos, sí, a todos los responsables de esta supuesta confabulación delictiva. 

De no hacerse la investigación, las instituciones de gobierno podría caer en una complicidad tácita y el problema estaría creciendo ante la impunidad. 

De tener resultados positivos, la Procuraduría y el Poder Legislativo tendrán que informar con puntualidad a la sociedad de las derivaciones legales y sus consecuencias penales, a fin de poner sobre la palestra que hay cero tolerancia para el que cometa un delito.