Por. Romeo Ortega
"Hoy en día estamos reduciendo la migración hacia Estados Unidos a niveles de casi cero en términos netos"
Lo anterior lo dijo el presidente Felipe Calderón el miércoles 24 de abril en Washington ante miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, con quienes se reunió durante la gira de trabajo que realizó a ese país.
¿Porqué han bajado los flujos migratorios? El mismo Calderón lo explica: "por el aumento en la generación de oportunidades y creación de empleos".
Hay expresiones que de plano entran en contradicción con la realidad nacional. Podrá el señor Calderón convencer a los miembros de la Cámara de Comercio estadounidense, pero no a los mexicanos que son los protagonistas de un destino incierto golpeado por la falta de empleo y las consecuencias que esto genera. La pobreza en México ha crecido de manera alarmante en el actual gobierno y se cuentan por millones el número de seres que han ingresado al escenario de la pobreza en sus tres niveles.
Don Felipe Calderón no fue lejos por la respuesta, el investigador del Colegio de la Frontera Norte, René Zenteno, le replicó y le dijo que esa disminución migratoria de que habla no es porque se hayan multiplicado las oportunidades o porque se hayan creado empleos, es consecuencia de la recesión económica por la que atraviesa Estados Unidos y también al clima antiinmigrante y de persecución que prevalece en la frontera y que da como resultado el procedimiento de detención y deportación.
A juicio de Zenteno, el presidente no está debidamente asesorado en materia migratoria. Ilustra su aseveración con el ejemplo de que existen en los Estados Unidos 3.4 millones de menores de edad que viven en el limbo jurídico, son ciudadanos de ese país pero sus padres son mexicanos indocumentados.
Las autoridades migratorias de Washington, revela Zenteno, tienen como meta la deportación anual de 400 mil indocumentados y nada indica que esta política vaya a cambiar. Se multiplican los casos de mexicanos que han retornado al país con sus hijos de nacionalidad estadounidense. "Muy probablemente a consecuencia de la falta de oportunidades y al temor de ser deportados y separados de sus familias".
Si en los Estados Unidos no hay trabajo, en México menos. Los indocumentados que retornan se refugian en el hogar que dejaron al irse a la aventura y viven como pueden.
Es posible que traigan consigo algunos ahorros para vivir o sobrevivir cierto tiempo, pero siempre estarán sujetos a la inestabilidad por falta de recursos. Ahora bien ¿cuál es el destino de esos niños que no son mexicanos y que no hablan español por haber nacido en los Estados Unidos? ¿Cómo se hará para impartirles la educación básica o secundaria?
La ilusión de ir a trabajar a los Estados Unidos se mantendrá vigente, sobre todo en los jóvenes que crecen en el campo. Ya no es fácil penetrar a los Estados Unidos porque la vigilancia está redoblada día y noche y quien es aprehendido es deportado y objeto de crueles maltratos. Algunos han sido asesinados.
Solamente una reforma migratoria con acuerdos bilaterales podrá resolver tan lacerante problema. Pero se ve lejos esa reforma, más ahora que la Suprema Corte de los Estados Unidos, parece decidida a avalar las leyes sancionadas en estados como Arizona y Alabama y que son draconianas con respecto a los migrantes.
En tanto en México la migración sigue su marcha tanto de mexicanos como de centroamericanos. Ese tren llamado La Bestia es el mejor ejemplo, siempre la parte superior de sus vagones va atestada de migrantes que viven y pernoctan en los albergues construidos para el caso en espera de la oportunidad de viajar hacia la frontera norte, siempre con la intención de introducirse a territorio estadounidense.
Si la migración nacional se reduce no será porque los migrantes o documentados tengan muchas oportunidades o fuentes de trabajo accesible, sino porque las puertas de la frontera norte se han cerrado herméticamente, aunque nunca faltará el ingenio para abrirlas, supuesto que la migración también es negocio muy redituable.
COLOFON.- A nombre de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, habló la capacitadora María Fernanda Cruz Rangel, para decir que todo funcionario público que trate de comprar votos o haga labor de proselitismo en favor de determinado candidato a un cargo de elección popular, se expone a una sanción que va de uno a nueve años de prisión. Pero hay que saber que no son los funcionarios públicos los que compran votos, son otro tipo de individuos legados a los partidos políticos que no tienen ningún cargo púbico. La compra de votos se seguirá dando en cuanta elección se realice y quienes llevan a cabo esta práctica son individuos con sobrada experiencia que no le temen a ninguna ley porque saben que jamás podrá alcanzarlos. Y tienen razón, hay que realizar otro tipo de pesquisas o estrategias para impedir la compra de votos porque la sola advertencia de que la ley castiga no conduce a ningún lado.
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