Semáforo

M.P.I. destraba problema del Fracc. Los Naranjos.

Por. Exal Baltazar Juan Ávila

Verde. Uno de los grandes negocios que existen en México es la industria de la construcción, aunque esta se divide en varias ramas, la construcción de viviendas de interés social ha sido una de las de mayor auge y demanda en toda la República.

El derecho a la vivienda tiene en nuestro país profundas raíces históricas. La Constitución de 1917, en su artículo 123, fracción XII, estableció la obligación de los patrones de proporcionar a sus trabajadores viviendas cómodas e higiénicas.

Posteriormente, el país se abocó a construir la infraestructura de seguridad social para atender las diversas necesidades de la población. En 1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para brindar seguridad social a los trabajadores, aunque en sus inicios, también proporcionó vivienda a sus derechohabientes.

En 1963, el Gobierno Federal constituye en el Banco de México, el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), como una institución promotora de la construcción y de mejora de la vivienda de interés social, para otorgar créditos a través de la banca privada.

En febrero de 1972, se reforma el artículo 123 de la Constitución, obligando a los patrones, mediante aportaciones, a constituir un Fondo Nacional de la Vivienda y a establecer un sistema de financiamiento que permitiera otorgar crédito barato y suficiente para adquirir vivienda. Esta reforma fue la que dio origen al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), mediante el Decreto de Ley respectivo, el 24 de abril de 1972.

En mayo de ese mismo año, se creó por decreto, en adición a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), para otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores que se rigen por el apartado B de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, fue hasta 1983, cuando el derecho a la vivienda se elevó a rango constitucional y se estableció como una garantía individual.

Amarillo. Un comparativo de la industria de la construcción en general es que en julio a diciembre del 2011 fue de 4.3 a 3.6 por ciento teniendo la “cresta” en el mes de septiembre con el 6.6 por ciento siendo el promedio anual del 4.8583. Para el 2012 el promedio general de los 8 meses (enero-agosto) fue de 5.025 por ciento; en el mes de julio llego a su máximo rango del 7.1 por ciento bajando estrepitosamente al 2.7 por ciento en el mes de agosto, esto debido presumiblemente al término del sexenio.

Con ello, los Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS) tienen como objetivo satisfacer las crecientes necesidades de vivienda de manera ordenada y con viabilidad social, promoviendo la calidad de vida de los ciudadanos, protegiendo el medio ambiente y fomentando un entorno sustentable.

Uno de estos fraccionamientos es “Los Naranjos”, perteneciente al municipio de Tuxtla Chico, ubicado sobre el Libramiento, el cual se encuentra habitado desde hace 5 años por, aproximadamente; más de 150 familias en un número igual de casas que presentan serias irregularidades y para terminar con su desesperación, el ex director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), Leonardo Velázquez de la Rosa, quien fuera cesado del cargo por el ex presidente municipal, Esaú Guzmán Morales por los constantes señalamientos de prepotente, abuso de autoridad, y corrupción; como es el caso de 45 colonos a quienes les cobro el pago de contrato por el servicio de agua potable, sin que este fraccionamiento hubiera cumplido con las normas legales ante el municipio.

Los vecinos tuvieron que organizarse y pedir a las autoridades estatales y municipales su intervención para que el fraccionador cumpliera con lo estipulado en el contrato de compra venta de cada una de las casas cuyo costo oscilan entre 190 a 200 mil pesos el cual no cuenta ni con servicio de transporte público urbano. Sin embargo, nunca fueron atendidos, por lo que optaron unirse al “Movimiento Popular de Izquierda” (MPI), cuyo representante es Rodolfo Cruz Barrios, quien presiono a las autoridades, siendo de esta forma, que en reunión sostenida en la Unidad Administrativa, la pasada semana; con el sub delegado de Gobierno del Estado, Rafael Zuñiga; representante de la C.F.E.; representante de la constructora; comité de SAPAM; representantes de los colonos del fraccionamiento y de la organización MPI, llegaron a acuerdos que favorecen a los habitantes, entre ellos: regularización legal de las casas, arreglo de calles, introducción de tuberías, alumbrado público, seguridad pública entre otras.

Rojo. Basado en las necesidades de contar con un techo donde vivir, algunas empresas relacionadas con la construcción, sino en su mayoría; han encontrado un rico filón en la construcción de casas de interés social, las que siempre presentan serios problemas de impermeabilización; cuarteaduras y paredes húmedas; deficiencia en el cableado eléctrico, en tuberías de agua potable, drenaje y alcantarillado; así como deficiencias en sus calles, desembocadero de aguas pluviales y la falta de tanques de tratamiento de aguas negras. Todo esto en contubernio con empleados municipales, estatales y federales… ¡ratas! Que poco les interesa el bienestar de las familias que adquieren con el trabajo de toda una vida, un humilde techo con construcción de hasta 82 metros cuadrados.

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