CONEJOBUS EN CRISIS.
INTEGRAN COMITÉS DE PADRES DE FAMILIA EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN: BLOQUE DEMOCRÁTICO DE LA SECCIÓN 7
LLAMAN A MAESTROS DE CHIAPAS CUMPLIR CON CICLO ESCOLAR: S.E
NUEVA CONTROVERSIA POR LOS CHIMALAPAS: OAXACA
Por. Víctor Lara
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el reconocimiento de inocencia a los últimos seis indígenas acusados de participar en la masacre de 45 indígenas tzotziles en Acteal, el 22 de diciembre de 1997. Pese a que Rafael Luna Vázquez, José Pérez Pérez, Manuel Luna Vázquez, Nicolás Hernández Pérez, Pablo Hernández Pérez y Alonso Jiménez Entzin ya habían sido favorecidos con un amparo para efectos en 2009, en esta ocasión los ministros consideraron que el reconocimiento de inocencia no era la vía idónea para obtener su libertad.
En la sentencia, elaborada por la ministra Olga Sánchez Cordero, se estableció que en agosto de aquel año la SCJN ordenó excluir las pruebas ilícitas –como el álbum fotográfico utilizado por el Ministerio Público federal para que los testigos reconocieran a los agresores–, a fin de que un tribunal federal repusiera el procedimiento y tomara en cuenta únicamente pruebas obtenidas legalmente por la autoridad. En ese contexto, un tribunal colegiado les redujo la sentencia de 36 años de prisión a 18 años de cárcel, al eliminar los delitos de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, pero dejó vigentes los de lesiones calificadas y homicidio calificado Los quejosos se inconformaron con la decisión y solicitaron el reconocimiento de inocencia de la SCJN, que fue desechado en sesión, los ministros resolvieron que los quejosos tienen la posibilidad aún de presentar un juicio de amparo directo una vez que se dicte la sentencia definitiva en su contra. . . en ese mismo tema los primeros 20 indígenas acusados de la masacre de Acteal que fueron liberados en agosto de 2009 como resultado de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidieron a las autoridades estatales que “agilicen” la instalación de los servicios de agua potable y energía eléctrica en las viviendas que les construyó el pasado gobierno con la condición de que no regresen a sus comunidades en el municipio de Chenalhó. “Ya tenemos el terreno y la construcción de las casas terminó en diciembre pasado, pero va muy lenta la instalación del agua y luz, y ya queremos reubicarnos para empezar a sembrar los cultivos y empezar la nueva vida”, dijo Lorenzo Ruiz, a nombre de sus compañeros. Con el propósito de evitar que los liberados por la masacre de 45 indígenas ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en Acteal regresaran a sus comunidades de origen para prevenir confrontaciones con los sobrevivientes, familiares y compañeros de las víctimas, el pasado gobierno los convenció de que les compraría terrenos y les construiría casas en otros municipios. Toda vez que sus viviendas, edificadas en Berriozabal, carecen de servicios y a la fecha habitan una casa que las autoridades estatales les rentan en la capital del estado, donde se dedican a vender chicles en las calles o a asear calzado; sus hijos no van a la escuela y sus esposas no hablan español. El indígena también solicitó al gobierno estatal que les construya una independiente de la casa para preparar sus alimentos, porque “nosotros usamos leña para preparar la comida”. De igual forma solicitó que se mantenga e incremente el “apoyo” de mil 500 pesos semanales que les da el gobierno para alimentación, porque “¿qué tal que llegamos a las casas y los suspenden? Lo que nos dan es muy poco, ya que tenemos cuatro o cinco hijos en cada familia y no nos alcanza”.
El llamado Bloque Democrático de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con el propósito de exigir al presidente Enrique Peña Nieto que dé marcha atrás en la reforma educativa, desde hace varios días comenzaron a integrarse los Comités de Padres de Familia en Defensa de la Educación en diversos municipios de la entidad. Alberto Mirón Vázquez, integrante de la dirección política del bloque, dijo que el movimiento magisterial en Chiapas “cuenta con el apoyo de los padres de familia y una muestra es que el pasado 15 de abril fueron entregados en el palacio federal más de 50 mil amparos de éstos en contra de la reforma educativa”. “ahora los maestros de Chiapas no vamos a ir solos al paro de labores del 1 de mayo, sino acompañados por los padres de familia, pero los padres que sí tienen hijos en la escuela, no de aquellos comités estatales creados para denostar” a los profesores. Los comités se están creando primero por zonas escolares, luego se conformarán en el nivel municipal y finalmente se integrará el comité estatal. La lucha sindical la quieren ciudadanizar sin embargo que tan cierto puede ser la creación de eso comités tomando en consideración que los propios padres de familia no quisieran que sus hijos se vean afectados ya que el calendario escolar vigente para los alumnos mexicanos termina el viernes 5 de julio de este 2013. Si los maestros chiapanecos abandonan las aulas a inicios de mayo, los estudiantes perderían 66 días de clases, sin poder concluir el año educativo. Por su parte, la Secretaría de Educación, bajo el cargo de Ricardo Aguilar Gordillo, ratificó su compromiso por mejorar el nivel educativo en Chiapas, sin embargo, corresponde a los maestros pertenecientes a la Sección VII del SNTE “trabajar con responsabilidad y vocación deservicio”. A poco más de dos meses de que termine el ciclo escolar 2012-2013, es momento de acelerar el paso para que la niñez reciba una educación de calidad, como lo establece el mandato constitucional. Por lo que los docentes deberían cumplir con su obligación de asistir puntualmente a sus centros de trabajo, ya que de no hacerlo, en estricto apego a la normatividad la Secretaria de Educación seria obligada a aplicar las sanciones correspondientes.
Socios y accionistas de la empresa SITUTSA, S.A. de C.V. mejor conocida como CONEJOBUS, denunciaron la falta de pago correspondiente al uso de las concesiones de los hoy accionistas; y es que desde el mes de enero no ven reflejados los pagos correspondientes a sus acciones, pues no hay que olvidar, que esta empresa está constituida en un 51% con acciones del Gobierno del Estado y 49% de los particulares, por lo que estos últimos aportaron sus concesiones del transporte público para poder cumplir con el objeto de la empresa que es brindar el servicio a los usuarios del transporte público en Tuxtla Gutiérrez, en las rutas 1 y 2, pero al día de hoy, por la forma en que se administra la empresa, ha generado un cumulo de gastos inoficiosos, convirtiéndola en una oficina más del aparato burocrático, insostenible como tal. Y es que por más gestiones que realizan los transportistas para demandar sus pagos ante las instancias correspondientes, no son recibidos, ni por el Secretario de Transportes, ni por las autoridades de Hacienda, ni obtienen solución por la propia empresa SITUTSA, CONEJOBUS, sino que lo único que les dicen, es que no hay dinero y que se esperen a que hayan recursos, pero la gravedad del problema, radica en que hay cientos de familias en crisis financiera por esa situación, pues casi un 90% de los accionistas no tienen otra fuente de ingresos y en su mayoría son personas de la tercera edad, por lo pronto esperan que las autoridades competentes hagan algo para dar una pronta solución, pues de lo contrario emprenderán acciones radicales, toda vez que a la fecha, los camiones continúan prestando los servicios con toda normalidad, cobrando las cuotas correspondientes e incluso son rentables los espacios de publicidad, sin que esos ingresos sean reflejados ante el Consejo de Administración, señalan los inconformes, quienes además han pedido que las oficinas de la empresa SITUTSA, cambien de domicilio para generar ahorros por lo oneroso de la renta del actual local que se ubica en una plaza comercial, pero prevalece el estado de comodidad de las autoridades, ante el interés de solucionar la falta de liquidez de la paraestatal.
El Gobierno DEL Estado de Oaxaca presentó una nueva controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en defensa del territorio de los Chimalapas y de 17 comunidades más que son invadidas por el vecino estado de Chiapas, informó el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), Adelfo Regino Montes. En entrevista, el funcionario añadió que al vencerse el plazo legal, diversas instancias acudieron a este recurso jurídico basado y sustentado en datos históricos, demográficos y culturales que demuestran la propiedad del territorio. La demanda defiende el límite que va de la Barra de Tonalá al cerro La Jineta y de ahí al cerro de Los Martínez “ese es el límite histórico que estaremos defendiendo fundados en diversos documentos legales, entre ellos el documento hecho por Gilof, así como otros textos de carácter histórico que especifican con calidad los territorios”, Este recurso lo presentó el Gobierno del Estado el pasado 24 de este mes como una contestación por la reconvención chiapaneca ante la SCJN “el argumento fundamental de la contestación es defender el límite histórico que ha tenido Oaxaca con Chiapas”. De ese modo pretende mostrar fehacientemente la propiedad de esa zona que tiene esta entidad desde hace 500 años en tiempos del Virreynato de la Nueva España. Regino Montes aseguró que Chiapas carece de razón al pretender abarcar en su ámbito de territorialidad además de los municipios de San Miguel y Santa María Chimalapas a otros 17, muchos de ellos zapotecos del Istmo de Tehuantepec. Pero además, esa invasión pretende abarcar municipios mixes como Ocotepec, Camotlán, Quetzaltepec, Ixhuintepec, Cotzocón y San Juan Mazatlán. “Esa es la razón fundamental de la contestación oaxaqueña el cual fue formado por un equipo interinstitucional bajo la convocatoria de la Secretaría General de Gobierno (Segego), la SAI, así como la Consejería Jurídica”. intervienen para construir esta argumentación jurídica e histórica. El tiempo para resolver lo marcará el ritmo y la circunstancia de la SCJN “es una demanda inédita en la Suprema porque después de la reforma al artículo 46 no hemos visto que la Corte haya tomado un asunto de este tipo en sus manos”. El secretario aseguró que no se perderá este territorio pues pertenece a los oaxaqueños y en ese sentido esperó una respuesta positiva, donde prevalezca la razón jurídica, histórica y antropológica. “Hay un controversia en el máximo tribunal del país y será ésa la que tome una respuesta en definitiva”, veremos que dice la SCJN. Y el Gobierno del estado de Chiapas ante esta nueva demanda e intento por recuperar las tierras que se encuentran en disputa. . . . hasta aquí la ronda de hoy después ya veremos.
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