CAFÉ PARA TODOS

* ACUERDO PARA LEGALIZAR GRUPOS DE AUTODEFENSA; SE CONVERTIRÁN EN GUARDIAS RURALES DEL EJÉRCITO

*PESO EXACTO EN LAS TORTILLERÍAS, NUEVO OBJETIVO DE LA PROFECO, A CARGO DE PEDRO LUIS BENÍTEZ

Por. Alberto Carbot

Un acuerdo para legalizar a los grupos de autodefensa que operan en Michoacán -escenario de la peor crisis de seguridad de su historia reciente-, fue alcanzado este lunes con el gobierno federal, lo que sin duda alguna constituye el punto de arranque de una solución definitiva a lo que amenazaba con convertirse en otro grave problema para el Estado mexicano.

El Comisionado Federal para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, anunció que estos guardias comunitarios serán legalizados y detendrán su expansión hasta complementar su institucionalización.

Castillo suscribió el pacto con los líderes de las llamadas “autodefensas” por el cual se prevé que éstas sean incorporadas al Cuerpo de Defensas Rurales del Ejército.

Sus integrantes también podrán ser parte de la Policía municipal, una vez que aprueben los exámenes de confianza y sean avalados por los municipios. Las armas que portan serán registradas por el Ejército, según el convenio por el cual el gobierno federal se comprometió a dotar a los elementos de las autodefensas de “las herramientas necesarias para su comunicación, traslado y operación”.

En cuanto a la institucionalización de las autodefensas, al incorporarse a los Cuerpos de Defensa Rurales, se prevé que los líderes presenten una lista con todos los nombres de sus integrantes, los cuales serán validados con la formación del expediente respectivo, controlado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos cuerpos serán temporales y estarán bajo el mando de la autoridad.

“Dennos un voto de confianza, vamos a trabajar juntos, de la mano”, dijo Castillo a los dirigentes de las “autodefensas”. El anuncio fue hecho luego de que Dionisio Loya Plancarte, conocido como “El Tío” -uno de los principales jefes del cártel de Los Caballeros Templarios, por quien la PGR ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos, que mantiene asolado el estado y sus alrededores-, fue detenido por las autoridades.

Efectivos del Ejército y de la Procuraduría General de la República (PGR) anunciaron la captura del considerado el segundo al mando de Los Caballeros Templarios –tercero dicen algunas fuentes-, una organización que suele organizar ritos de iniciación que recuerdan a este grupo medieval. Loya es acusado, entre otros cargos, de asesinar a 12 agentes de la Policía Federal en julio de 2009.

El arresto del jefe de los Caballeros Templarios -que se produjo sin que se efectuara ni un solo disparo-, fue resultado de labores de inteligencia del Ejército mexicano en Morelia, según el informe. Desde el domingo, patrullas militares rastrearon por varios barrios de Morelia, la capital de Michoacán, un convoy de vehículos con hombres armados a bordo.

A las 5 de la madrugada de ayer, detectaron una casa de seguridad en el barrio Margarita Maza de Juárez, donde se escondía y se asegura que ese hallaba oculto en un clóset.

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, señaló que este capo de las drogas es originario de Apatzingán y responsable del tráfico de estupefacientes en la ciudad de Morelia, además de ser autor de varios videos que se difunden en redes sociales con mensajes a su grupo criminal y de lanzar amenazas a grupos rivales.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó más temprano sobre la captura de un alto mando de los templarios, pero no anticipó su identidad.

El hombre es tío de Enrique Plancarte, otro jefe de la organización criminal, padre de la cantante Melissa, a quien se apoda la Princesa de la Banda y se comenta ha utilizado inmuebles gubernamentales para grabar sus videoclips.

El encuentro donde se firmó el acuerdo entre el gobierno y las autodefensas tuvo lugar en la zona conocida como “La Ganadera”, en Michoacán, al que asistió también el gobernador, Fausto Vallejo. Entre los jefes de los grupos que habrán de incorporarse, figuran Estanislao Beltrán, Hipólito Mora, Jesús Bucio y Adalberto Rodríguez, y como es de suponerse, la reunión se efectuó en medio de rigurosas medidas de seguridad.

EVITAR QUE EN MÉXICO SE PRODUZCA UN PROBLEMA SIMILAR AL QUE ENFRENTA COLOMBIA

El gobierno pretende evitar a toda costa que los grupos de autodefensa se conviertan en un problema como el de las bandas paramilitares en Colombia, pero el acuerdo no necesariamente representa una solución definitiva, pues las autodefensas son muy heterogéneas y en su interior abundan personas que están realmente resentidas por la falta de apoyo de las autoridades o bien parece ser que prefieren trabajar por su cuenta que combatir lado al lado junto al Ejército.

Castillo, que como se sabe cuenta con toda la confianza del presidente Enrique Peña Nieto, pues ha sido desde hace varios años uno de sus colaboradores más cercanos, dijo que ya hay detenciones. “Queremos cabezas de los Templarios”, exigieron los comunitarios, que quizá todavía no sabían de la detención de “El Tío”.

El Comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, agradeció el apoyo de las autodefensas para lograr las capturas de presuntos delincuentes. “Suman ya 182 detenciones, de las cuales 70 son relevantes”, dijo el funcionario, al mostrar un álbum con fotos de los detenidos.

“Nos están pidiendo siete cabezas, ya capturamos a 'El Toro' y puedo confirmar el segundo, a 'El Tío', dijo Galindo, quien indicó que además han estado desmantelándose laboratorios, plantíos y deteniendo gente.

María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, pidió a los integrantes de las autodefensas confiar en las autoridades y, a la vez, exigir sus derechos en materia de justicia.

El gobernador Fausto Vallejo aprovechó la ocasión para anunciar los proyectos gubernamentales que tiene previstos para Tierra Caliente pero uno de los voceros de las autodefensas, Estanislao Beltrán, autodenominado “Papá Pitufo”, le hizo públicamente algunos reproches.

Decíamos en nuestra columna anterior -dedicada también a Michoacán, un tema que da para muchas otras entregas-, que la designación de Castillo ya marca de por sí un golpe de timón en la estrategia del gobierno federal, ante la grave crisis de seguridad sin precedentes que se vive en Michoacán.

También señalábamos que ante la complejidad del panorama y el desbordamiento de los grupos de autodefensas, quizá no existe otra alternativa que aplicar soluciones radicales. Los desafíos inmediatos son restaurar el tejido social y demostrar que Michoacán no es un Estado fallido y el gobierno federal todavía detenta el monopolio de la fuerza pública.

No sólo se trata -como lo planteamos- de desarmar a las fuerzas de autodefensa, sino convencer a los grupos de la policía comunitaria de que confíen en la fuerza pública, en su capacidad de protegerlos y mantener a raya a los grupos mafiosos.

A reserva de que los acuerdos se cumplan efectivamente como está previsto, se trata de un salto cuántico para resolver este tema.

Este tipo de acciones son las que harán la diferencia entre el envío temporal de miles de elementos a Michoacán para intimidar a los grupos armados y la solución definitiva a un problema que amenazaba con desbordarse. Esperemos que este proyecto de incorporación funcione no sólo para el caso Michoacán, sino para todo el país.

GRANOS DE CAFÉ

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantendrá su misma política de sanción a los prestadores de bienes y servicios que incurran en faltas, ya que es su deber institucional, afirmó el Procurador encargado del despacho Pedro Luis Benítez, quien -durante una conferencia de prensa efectuada ayer, que de hecho significó su presentación informal ante los medios-, anunció que este martes dio inicio un operativo nacional de verificación de tortillerías, que tiene como objetivo garantizar el peso exacto de ese producto básico.

El funcionario explicó que la aplicación de la Ley Federal del Consumidor no tiene como objetivo imponer sanciones, suspender actividades comerciales y mercantiles o el cierre de negociaciones, sino garantizar los derechos de los consumidores y el abasto de productos básicos, que es, incuestionablemente, la obligación legal de la Procuraduría a su cargo.

Indicó que en el ámbito de sus responsabilidades, inicialmente ofrece negociaciones que abren el camino a la firma de acuerdos que permiten a los infractores corregir las irregularidades.

Por ejemplo, para el caso de las tortillas, la primera opción -cuando se detectan básculas alteradas-, es permitir su venta por piezas, considerando que un kilo contiene entre 27 y 29 o utilizar básculas facilitadas temporalmente por la misma institución. “La finalidad es que las tortillerías continúen con el abasto del producto mientras corrigen sus básculas, para que de esta manera el consumidor -que es el objeto de defensa de la Profeco-, no resulte afectado”.

Lo mismo ocurre para todos los bienes y servicios que tutela, donde primero se da la conciliación antes que la sanción. En este sentido, explicó que cuando se detecta por vez primera una violación de la ley al consumidor, se aplica una multa de 5 mil pesos, pero si hay reincidencia el castigo aumenta a 25 mil, y si a pesar de ello persiste la falta, dependiendo de la gravedad, puede llegar a sancionarse hasta con 3 millones de pesos o incluso con el cierre definitivo de la empresa…Sus comentarios envíelos vía internet a la dirección gentesur@hotmail.com