Palestra

Pensión Universal y Seguro de
Desempleo, las letras chiquitas

Por. Rodrigo Ramón Aquino

Las acciones de gobierno basadas en una política social humanista, particularmente en países en desarrollo como el nuestro, aún traen consigo más beneficios que perjuicios. La mayoría de corte paternalista, con el consabido cargo al erario, no dejan de ser necesarias ante la creciente cantidad de personas en condiciones de vulnerabilidad.

Programas como 70 o más y Amanecer cumplen una función social clara, lamentablemente las más de las veces terminan siendo usados para beneficio político.

La aprobación ayer de la Ley de Pensión Universal y Seguro de Desempleo (decreto avalado con 287 votos a favor, 167 en contra y tres abstenciones), promesa de campaña del presidente Enrique Peña Nieto, apunta en ese sentido, con la salvedad de que siempre hay letras chiquitas.

Los legisladores crearon una nueva ley para la pensión universal y modificaron varios artículos de las leyes del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y de la Ley Federal del Trabajo.

Según información de El Financiero, se prevé que la pensión universal beneficiará a 66 por ciento de las personas de 65 años y más, que actualmente carecen de pensión. Al principio la pensión será de 580 pesos, pero subirá gradualmente cada año hasta llegar a los mil 98 pesos. Asimismo, el Seguro de Desempleo se dará durante seis meses, y sólo se podrá acceder a él una vez cada cinco años. Se fondeará con parte del monto que los patrones aportan para la cuenta de vivienda de cada trabajador.

(Actualmente la aportación es de cinco por ciento del salario; con la reforma, de esa cantidad, dos por ciento seguirá yéndose al Infonavit y tres por ciento se destinará a una subcuenta mixta. El gobierno federal creará un fondo solidario con una aportación del 0.5 por ciento, que representa 9 mil millones de pesos anuales, que serán regulados a través de un fideicomiso.)

Pero ni bien fue aprobada, los diputados del PAN recordaron que cuando en campaña se plantearon programas de esta naturaleza se afirmó serían financiados con recursos fiscales, no con cargo a la clase trabajadora.

También criticaron que solamente se estén considerando en esta propuesta los trabajadores del apartado “A” de la Ley Federal del Trabajo, vinculados al Seguro Social, pero no a los del apartado “B”, los que trabajan para el Gobierno Federal y otras instancias; los que trabajan para los gobiernos de los estados y algunas universidades.

Para algunos expertos como Gerardo Esquivel, investigador y profesor del Colegio de México (Colmex), el modelo planteado es una simulación porque obligará al trabajador a depositar más de la mitad de su ahorro a la vivienda en un fondo de desempleo que terminará descapitalizando al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Al reducir los recursos que le llegarán también se reducirá la posibilidad de que los trabajadores accedan a vivienda.

Sin llegar a considerarse un robo, la gran propuesta es en claro la sustitución de un derecho por otro a medias: el de la vivienda por una compensación de seguro de desempleo, cuyo funcionamiento pareciera sólo beneficiar a los responsables de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), que cobran su comisión sin importar el desempeño conseguido sobre los recursos del trabajador.

En fin, esperemos que en Chiapas nos expliquen mejor las letras chiquitas de esta nueva legislación tanto el secretario del Trabajo, Manuel Sobrino Durán, como su amigo, el delegado del IMSS, Yamil Melgar Bravo. Ojalá quieran platicar.

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