-INICIA JUDICIALIZACION DEL MATRIMONIO IGUALITARIO EN CHIAPAS.
-OFRECE DISCULPA PÚBLICA PGJE A FAMILIA HONDUREÑA EN CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIÓN DE LA CNDH.
-POLICÍAS ESTATALES ALLANAN SIN MOTIVO APARENTE OFICINAS DE LA UNTA EN CHIAPAS.
Víctor Lara
Con la finalidad de que en Chiapas se legalice el matrimonio igualitario, ayer 3 de Marzo, sentaron un precedente dos mujeres Erika y Abilene en compañía del activista y defensor de derechos humanos Darwin Pereyra (Darwin Petate), así como de medios de comunicación acudieron a la Oficialía del Registro Civil que encabeza la señora Susana Elizabeth Alfaro Juárez, para realizar los trámites que concluyeran con la celebración de la unión matrimonial de estas dos mujeres.
Sin embargo la oficial del registro civil número uno de Tuxtla, no solo se negó atenderlas, como debe ser su obligación de atender a todos los ciudadanos que acudan a realizar ciertos tramites inherentes a su estado civil, al negarse atenderlos y a la revisión de sus documentos, les dijo que se fueran a la Dirección que allá le darían toda la información, dejando a las aspirantes a casarse con la palabra en la boca. Si bien es cierto, la legislación estatal no contempla la posibilidad de contraer matrimonio de dos personas del mismo sexo, debió darles la explicación y justificar la negativa a ese derecho.
Por lo que se considera que fueron discriminadas lo que trajo como consecuencia la restricción sin justificación del acceso a un derecho. En ese sentido es importante señalar que con la reforma constitucional se estableció en el artículo 1° del mismo ordenamiento la prohibición de la discriminación motivada (entre otros) por "las preferencias sexuales" o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. y obliga a que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, RESPETEN, PROTEJAN Y GARANTICEN los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Cabe agregar que el código penal señala en el numeral 324.III que , al que, con motivo de alguna característica específica de una persona, como la orientación sexual la excluya de un círculo social, de alguna actividad pública o privada, de un grupo o agrupación de cualquier naturaleza, cuando dichas conductas tengan por resultado un daño material o moral incurrirá en la comisión del delito que describe la legislación penal. En consecuencia, y de acuerdo a la máxima ley que nos rige (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. NO MAS DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE ORIENTACIÓN SEXUAL.
Ahora bien la ley del matrimonio civil de 1859 requiere diversas trasformaciones derivadas de los fenómenos sociales. Actualizándose 150 años después en que el concepto el matrimonio se convierta en “una unión libre de dos personas —incluso del mismo sexo— para realizar una vida en común en cuyo contrato, partiendo del principio de igualdad entre las partes, se comprometan a procurarse el respeto y ayuda mutua”. En los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por el Estado mexicano, la Constitución Política Federal, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Constitución Política del Estado de Chiapas e incluso diversas leyes secundarias vigentes en Chiapas consagran el derecho a la igualdad y la no discriminación. Sin embargo en muchas de estas mismas leyes de manera contradictoria se niega este mismo derecho.
En Chiapas se están violando los tratados internacionales y la Constitución Política del Estado al no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el Congreso del Estado existe una iniciativa, que está en la congeladora, que reconoce el derecho de las personas del mismo sexo a casarse, sin embargo hasta ahora no ha entrado ni a primera lectura. Que sigue ahora que se ha iniciado la Judicialización del Matrimonio Igualitario, esperar la respuesta por escrito, que por supuesto deberá ser en sentido negativo, lo que servirá como prueba de la negativa, para iniciar tramite de Amparo, agotar el término legal, ya con la Sentencia que por supuesto será a favor, tomando en consideración que ya existe un criterio de la Corte en ese sentido, culminara con la reforma legislativa que contemple ya el matrimonio Igualitario tal y como ha sucedido en varias entidades federativas.
La PGJE ofreció una disculpa institucional a familiares de las víctimas, la cual implica el reconocimiento de violaciones a derechos humanos en que incurrió el personal de la procuraduría estatal. En cumplimiento a la recomendación 2015 que emitiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobierno de Chiapas, por el caso de dos hondureñas asesinadas con armas de fuego cuando viajaban en el tren conocido como “La Bestia”. Un día antes de ser privadas de la vida, las mujeres habían denunciado la extorsión de una banda delictiva a indocumentados, la cual se negaron a pagar, y la omisión de la autoridad ocasionó que los delincuentes cumplieran sus amenazas cuando las víctimas viajaban en “La Bestia”. El organismo público autónomo aseguró que tiene “elementos para evidenciar violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia, procuración de justicia y seguridad e integridad personales” de estas dos mujeres. “Ello conllevó a la violación del derecho a la vida de las víctimas en los hechos ocurridos en el tramo férreo Pakal-Ná-Salto del Agua, municipio de Palenque, Chiapas, como consecuencia de acciones y omisiones que transgredieron los derechos que tenían en calidad de víctimas del delito”.
Fue una Disculpa pública para la familia de Cintia y Sofía, dos jóvenes hondureñas que viajaban a los Estados Unidos con el sueño de que su familia pudiera mejorar su vida. En el tramo de Palenque-Tabasco fueron extorsionadas por dos hombres de origen Hondureño. Acudieron a denunciar al Ministerio Publico de Palenque, se recibió la denuncia sin embargo, pero no se les dio ninguna protección, Por ello, las víctimas tenían derecho a que la autoridad dictara las providencias legales necesarias para proteger su vida e integridad física, psicológica y moral; a recibir orientación y canalización hacia las instituciones de asistencia o beneficencia pública, social y privada. No se les aplico ningún protocolo de atención a consecuencia de ello fueron asesinadas salvajemente por sus extorsionadores.
En su momento de la notificación la CNDH manifestó su preocupación por que la atención que se otorgó a las agraviadas en su calidad de testigos y víctimas fue inaceptable, “ya que el propio sistema al que pidieron justicia fue el que agravó su situación, al grado de que al dejarlas sin protección, al día siguiente perdieron la vida”. Por ello, la CNDH recomendó al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco entre otras medidas, elaborar políticas públicas de protección en favor de personas migrantes; que las instancias de seguridad pública estatales protejan a los migrantes que transitan por su territorio y remitan constancias de cumplimiento. También que se otorgue a familiares de las víctimas asistencia médica, psicológica, social y material mientras duren los tratamientos y envíen a Este organismo nacional las constancias de cumplimiento.
Además, que el procurador dicte medidas para que los agentes observen los derechos de víctimas y ofendidos del delito, así como se diseñen e impartan programas integrales de capacitación y formación para actualizar a ministerios públicos en la atención a víctimas. La CNDH también pidió en su momento a Velasco Coello que colabore en el trámite de queja que promoverá ante la contraloría de la procuraduría estatal, con motivo de la omisión de la autoridad responsable, y se remitan a este organismo autónomo las constancias de cumplimiento. Aclaró que la recomendación se emite para hacer una declaración de una conducta irregular cometida por servidores públicos, para obtener la investigación que proceda, se apliquen las sanciones que correspondan y se subsane la irregularidad de que se trate.
Elementos de la Policía Estatal, allanaron la tarde de este martes las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, que se encuentra ubicada en la 5ª Sur entre 6ª y 7ª Poniente Número 707, denunció Carlos Humberto Luna López, dirigente estatal de esta organización campesina quien explicó que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 15:15... Bueno hasta aquí por hoy la Ronda, mañana ya veremos; recuerde esto es solo para tus ojos.
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