Alfil Negro

Al filo de la muerte
Por. Oscar Ballinas

Nuevamente el consorcio de Álvarez Puga y Asociados ponen en el ‘ojo del huracán’ al exgobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía y José Antonio Aguilar Bodegas, exalcalde de Tapachula, según trascendió el día de ayer en los diarios Milenio y el Universal del Distrito Federal. 

El nuevo escándalo se suscitó por la presunta denuncia del doctor Mario Alberto Pliego Feria, quien relató que hace unos 70 días aproximadamente varios sujetos que se identificaron como policías del Estado de Tabasco, lo detuvieron cuando llevaba a su menor hijo al jardín de niños, y luego de golpearlo y amenazarlo con lastimar al pequeño si hablaba sobre lo que pasaba en el consorcio Álvarez Puga, donde trabaja su esposa Vanesa Janeth Hernández, como contadora de dicha empresa en Chiapas, que ahora está siendo investigada por presunto lavado de dinero en lo que involucran al exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía. 

El denunciante afirma en su declaración: “Mi esposa es la encargada de la planeación fiscal de la empresa Álvarez Puga y Asociados, y temo que sus propietarios pretendan hacerle daño a mi menor hijo de 5 años de edad”. 

El doctor Mario Alberto Pliego Feria, afirmó a los medios de comunicación nacionales, que desconoce el paradero de su esposa, ya que no ha tenido comunicación con ella y teme por su vida, por ese motivo había acudido ante la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, donde ha levantado un acta para deslindarse de dicha empresa, afirmó. 

En este nuevo escándalo generado por la investigación que la FECDO, viene realizando al consorcio Álvarez Puga, Pablo Salazar Mendiguchía y José Antonio Aguilar Bodegas, como probables responsables de los delitos de asociación delictuosa, evasión de impuestos y otros, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, enviaron el oficio número DGPDSC/0040441/2011 al Procurador de Justicia del Estado de Tabasco, Gregorio Romero, solicitándole información al respecto. 

Como se recordará, aquí en Chiapas la Procuraduría de Justicia del Estado investiga los negocios supuestamente ilícitos de los Álvarez Puga y Asociados, quienes al parecer tienen empresas diversas en 55 ciudades de la República Mexicana, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Costa Rica y España, donde realizaron negocios en los que supuestamente está involucrado el exgobernador, quien actualmente está detenido en el CERSS de Huixtla y es procesado por el delito de peculado de más de 104 millones de pesos, quedando pendiente las averiguaciones por más de mil millones de pesos por el caso de los damnificados del huracán Stan. 

En esta investigación en su contra y sus presuntos cómplices Álvarez Puga y Asociados, así como José Antonio Aguilar Bodegas, según la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada en Chiapas, por los delitos de evasión de impuestos, participan también SAT, PGR y el IMSS, quienes desde el 2010 iniciaron el operativo de fiscalización en siete ciudades del país donde operan la empresa mencionada.

Hablando de otras cosas, familiares del menor Ángel Octavio Ramos González, quien se encuentra internado desde hace varios días en el Hospital Regional, podría sufrir un desenlace fatal por el exceso de burocracia y la supuesta incapacidad de los médicos especialistas que le han atendido, ya que no logran encontrar la causa de su rara enfermedad que lo mantiene al ‘filo de la muerte’. 

Mencionaron los padres del menor, que han rogado desde hace varios días al director del nosocomio para que envíe al niño al Hospital Infantil dependiente de Ciudad Salud, que se encuentra en Tuxtla Gutiérrez; sin embargo, la respuesta ha sido ‘darle largas al asunto’, sin tomar en cuenta que la vida del niño peligra más al pasar el tiempo por la presunta negligencia y falta de humanitarismo de los encargados del Hospital Regional. 

Los afligidos padres del niño, explicaron que para poder trasladarlo a la capital y salvarle la vida, en el Hospital Regional les ponen muchas trabas burocráticas, exigiéndoles una serie de requisitos muy difíciles de resolver en la brevedad que se necesita, como en el caso de copias de comprobantes de residencia de los padres, constancia de ingresos económicos del padre o la madre, los cuales tienen que ser expedidos por el Ayuntamiento Municipal, así como constancias de que no es derechohabiente del IMSS, ISSSTE, que no tiene Seguro Popular y en ningún Centro de Salud, acta de nacimiento del paciente, comprobante de domicilio, copia de la cartilla de vacunación, credencial de elector, hoja de referencia del hospital, etcétera.