Siete reos en peligro en CERSS No. 11 de Pichucalco.
Por. Exal Baltazar Juan Ávila
Revisión de los expedientes.
Verde. Basados en los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Constitución Política Mexicana y fundamentados en el artículo 128 de la misma, siete reclusos han decidido ponerse en huelga de hambre y saturarse la boca, para de esta forma ser escuchados por las autoridades competentes y lograr con ello la revisión de sus expedientes, sentencia suspendida y traslado voluntario.
Amarillo. Familiares de los 7 reclusos dieron los nombres de: Juan José Vera Medina, Elías Alegría Hernández, José Luis López Ortiz, José Domingo Montez Márquez, Enrique Días López, Everardo Pérez Roblero y José del Carmen Díaz Ramos, quienes piden sean trasladados a otros Centros de Rehabilitación que les quede más cerca de sus hogares, ya que efectúan gastos fuertes que poco a poco les ha ido costando el tener que hacer cada día mas distantes sus visitas hasta quedar, algunos en el total abandono al no poder viajar hasta Pichucalco.
Los familiares tomaron la decisión de enviar una carta dirigida al gobernador del estado, en la que solicitan su intervención, en la que hacen mención de los siguientes hechos:
“…en campaña prometió hacer del estado y de su gobierno limpio y transparente a la corrupción y a los abusos de autoridad de los malos funcionarios públicos, en donde hasta el día de hoy, las personas encargadas del sistema penitenciario, como es el caso del sub secretario: José Antonio Martínez Clemente; del asesor jurídico: Armando Everardo Cruz Montesinos; así como de los directores: Eulalio Cruz López y Carlos Saúl Chavarría Montoya y el jefe de seguridad: Reynolds Rodríguez Pérez, funcionarios que se han dedicado a violentar los derechos humanos y las garantías individuales, formulándoles las famosas “Actas de Consejo” con lo que se violan los artículos 18 y 19, por lo que pedimos de manera respetuosa nos envié a personas que tengan la facultad necesaria para exponerles nuestras inconformidades y peticiones, las que consisten en:
Valoración del juez de ejecución y sanciones penales, con lo cual obtendrían un beneficio de “libertad anticipada”.
Reubicación a CERSS más cercanos a nuestra familia”.
Los denunciantes mencionan en la misma carta que con anterioridad han enviado cartas y sin embargo no han tenido respuesta: “cabe mencionar que cada vez que solicitamos traslado por escrito, se nos ha negado, aun cuando estos son fundamentados en los artículos: 23, fracción V, 122 y 128, fracción primera, del código de Ejecución de Sanciones Penales, en la que nos manifiestan que no es posible debido a que los centros se encuentran al límite máximo, sin embargo, como una forma de represión levantan las “Actas” porque no estamos de acuerdo en la forma en que extorsionan y maltratan a los demás reclusos; y también en el autogobierno que hasta el día de hoy se sigue llevando a cabo por las mismas autoridades, quienes con el afán de desviar la opinión pública engañan a la Comisión del Consejo de los Derechos Humanos diciéndoles que todo está bien”.
Rojo. Más adelante, en la misma misiva, los interesados continúan señalando como culpable al mismo director: “Queremos señalar también al director del CERSS número 11 de Pichucalco: Carlos Saúl Chavarría Montoya por ser una persona prepotente y altanera, quien presume de tener muy bvuebnas relaciones con el sub secretario de Ejecuciones y Sanciones Penales, José Antonio Martínez Clemente; y con gente de su mismo gabinete.
En este Centro, han hecho de las suyas: despidieron al médico y a la enfermera, dejando a los reclusos sin la atención médica que requieren.
Además de una mala alimentación ya que en contubernio con el contador, se reparten las ganancias del mes de apoyo que otorga el gobierno a cuenta del Socorro de Ley.
Estos servidores cuentan con demandas como por ejemplo en la que ordenan golpear al interno Roberto Hernández López, quien estaba recién operado. Quejas ante Derechos Humanos por intimidación y acoso frecuentemente con cacheos y cateos sin ninguna justificación”.
Los reclusos de no encontrar eco a sus peticiones, amenazan con cortarse las venas de las manos y no les importa morir desangrados, por lo que sus familiares se encuentran preocupados y lanzan un SOS al gobernador del estado así como a quienes corresponda además de que temen por la vida de los mismos, al hacer uso de este medio están consientes de que ponen en peligro la vida de sus seres queridos, sin embargo no les ha quedado otro camino que este aun a costa de su propia vida.
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