A FUEGO LENTO

LA CONFIANZA ES LA BASE DE LA CONCERTACIÓN,

Por: Alberto Ramos García 

La política se construye a partir de acuerdos, y se sostiene en el cumplimiento de los mismos. Cuando una de las partes de un contrato -tácito o explícito- no cumple con lo estipulado, se rompe algo que es muy difícil recuperar: la confianza. 

La confianza es la base de la concertación, y sin ella nada que tenga por objeto contribuir a la creación de buenas costumbres puede surgir y mucho menos prosperar, no se diga mantenerse. La forma de actuar –sobre todo cuando se mantiene durante un periodo determinado de tiempo- consolida mecanismos de entendimiento que son adoptados por una sociedad que constantemente se transforma o se adapta.

Es por esto que resulta preocupante que el Estado Mexicano reconozca actores que, previamente, no tenían interlocución o que la fueron perdiendo con el paso de distintos gobiernos, gracias al menosprecio insistente del diálogo y el consenso. 

Grupo sindicales como la CNTE y SME son ejemplo vivo de la forma de hacer política a partir de la presión, la asfixia y el reto frontal de las instituciones. Cuando los interlocutores de una negociación no son capaces de cumplir con lo pactado –ya sea porque en el caso de la CNTE no existe un liderazgo definido y en el del SME éste se encuentra representado por alguien cuyo actuar es, por decir lo menos, cuestionable- cualquier promesa de ejecución de lo pactado carece de valor.

El rompimiento consuetudinario del acuerdo, la farsa y el doble discurso propio de estos grupos de presión se ha convertido en un lastre para el Gobierno. Por una parte, la CNTE no cumple un sólo acuerdo, por otro, el SME ha marcado el camino para el resto de los grupos, pues desde el sexenio de Felipe Calderón ha conseguido recursos inéditos para sindicalistas tras una larga sucesión de presiones políticas. 

De la aplicación de la ley, ni hablar, el gobierno del DF ha dado cátedra de lo que significa negociar la ley, torcerla e ignorarla para salvar la escena mediática. Los efectos de tales demostraciones de sumisión no generan otra cosa que incentivos perversos para que otros grupos elijan el camino fácil reafirmado en el ejemplo. 

Basta con conseguir una fuente de financiamiento constante, bloquear las principales arterias de una ciudad como el Distrito Federal y convertir la plaza pública en campamento permanente para que las autoridades capitalinas cedan ante cualquier petición.

El círculo vicioso de propuesta-chantaje-concesión se repite sin fin alterando el principio básico del respeto de la ley como fundamento esencial en el funcionamiento del engranaje social. Cuando la confianza política de los acuerdos se ve minada por la falta de cumplimiento de los mismos, la confianza social se ve golpeada de forma tal que recuperarla representa un esfuerzo mayúsculo. La mala costumbre se pone por encima de la ley y sólo es necesario ver agotados los privilegios para acudir nuevamente a la fórmula que mantiene viva a la primera, sofocando poco a poco a la segunda.

Depositar la confianza en un grupo de personas que, de forma persistente, demuestran que su interés es seguir viviendo de prebendas del Estado es sin duda alguna contraproducente. Se promueve la manipulación y el chantaje a cambio de soluciones a corto plazo, donde incluso la certidumbre del remedio inmediato es inexistente y el desenlace de lo concertado, completamente incierto.

Mientras la forma de generar confianza social del Estado mexicano no se base en la defensa real de la ley, y por tanto de los derechos de quienes si cumplen con ella, el proceso de chantaje continuará reproduciendo lo males que más aquejan a nuestra sociedad. 

Los buenos hábitos -al igual que los malos-, se crean a partir de una perseverante repetición de las acciones. Ambos, requieren disciplina y firmeza para sobrevivir. El Estado mexicano tiene hoy la oportunidad de decidir si desea ser uno de buenas o de malas costumbres.

En Síntesis: La impunidad es fuente de violencia y transforma la libertad en libertinaje, y a la libre expresión en desenfreno. Cuando el Estado no ejerce el uso de la fuerza –ejercicio para lo cual está facultado cuando, de acuerdo con la ley, así se requiera-, el Estado se convierte en el propio patrocinador de esa “anarquía” entendida como el desconocimiento absoluto de la autoridad y ejercicio efectivo de la ley.

Con miedo evidente –y ante la amenaza y el chantaje de distintos grupos de choque- las autoridades federales y estatales han optado, de forma irresponsable, por la impunidad como única salida para no asumir los costos políticos de enfrentar a quienes de forma consistente y sistemática violan la ley en el territorio chiapaneco.

La pasividad e inacción de las autoridades es, en estos casos, mucho más peligrosa que la respuesta a los actos violentos en contra de la ciudadanía.

En contra del cálculo del Gobierno del Estado, el encubrimiento y la disimulación de un supuesto respeto a los derechos humanos de los manifestantes violentos comienza a generar mayores costos que los que ha evitado, convirtiéndose así en cómplice de estos grupos que no buscan otra cosa que la provocación y la agresión sin fundamento ni razón explicable.

ENTRE LÍNEAS…

Lamentable que la Función Pública solapa todo tipo de impunidad e inmunidad con los funcionarios sabinista. Resulta, que el ex titular de Ciudades Rurales, Juan Carlos López Fernández, alias, “El Chapita”, se llevó a la delegación de Economía federal, una Suburban, celulares, Lap Top, y hasta una secretaria.

Precisamente, la propia Función Pública no quiere ejercer sus funciones, pues, tengo entendido sobre el escritorio de su titular César Corzo, tiene el resultado de la auditoria aplicada en contra de Juan Carlos López Fernández, cuando fungió como titular de ICOSO, por la friolera cantidad de 300 millones de pesos, por el periodo 2006-2007.

En éste sentido, el resultado de la auditoría nos habla que “El Chapita”; léase Juan Carlos López Fernández, es un corrupto de primera del gabinete de Juan Sabines Guerrero, y así es premiado con la delegación federal de Economía. Qué cinismo…Viva Chiapas!!!

Y hablando de cinismo, hay un funcionario de origen toluqueño, que sin importarle el plan de austeridad del Gobernador Manuel Velasco Coello, se encuentra rentando una residencia en el Campestre por la cantidad de 50 mil pesos mensuales, y el caso no para ahí, pues, mandó a blindar sus paredes como cualquier narco que tiene miedo a ser rafageado por otros carteles.

Y Plan de Austeridad?.

Digo.

Y pasando a otro rollo. El Rector de la Unach, Jaime Valls Esponda, presenta sendas mordidas en sus manos, pues, un periolisto chantajista le pagó con crece su ingratitud, y ahora, exige la renuncia del barbón de la Colina Universitaria. Qué tal eso?.

Finalmente: Mi Solidaridad a amigo José Adriano Anaya, director del Periódico Contra Poder en Chiapas, por el accidente que tuvo su Talentosa hija…Nos leemos mañana, Dios mediante