COMENTARIOS CHIAPANECOS

*****¿LA JUSTICIA DE PARTE QUIEN ESTA?¿LA PGJE LOS DERECHOS DE QUIEN TUTELA?

Por: Daniel Rosas Díaz

La historia reciente en Chiapas, principalmente, se ha vivido en torno a una serie de la mala administración de la Justicia, tanto en la Procuraduría General de Justicia del Estado, Fiscalía General del Estado (como se llegó a llamar en el Gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía), y por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Este tema ha sido por mucho tiempo de controversia, por un lado los excesos policiacos y por otro lado la impunidad de las organizaciones sociales y sindicatos, mejor dicho por cualquier revoltoso (en algunos casos), que por no estar de acuerdo con el Gobierno, en cualquiera de sus tres niveles, se “manifiesta”, violando los derechos de los demás.

Por mucho tiempo, las corporaciones policiacas habían estado bajo caprichos de los gobernantes en turno; se convirtieron en los ejecutores de los detractores del sistema.

En la época de Ignacio Flores Montiel, para muchos se vivió la peor parte de la vida de las policías en Chiapas; con los abusos y excesos, fueron muy significativos, toda vez que las desapariciones forzadas, homicidios, secuestros oficiales, tortura y la figura legalizada del arraigo, son las principales características de esa época.

Entre esa gran lista de delitos cometidos por el Negro Durazo chiapaneco, está seguramente la muerte del periodista Roberto Mancilla Herrera, así como de los homosexuales asesinados artera y cobardemente, que nadie se ha atrevido siquiera continuar con las investigaciones.

En el sexenio de Pablo Abner Salazar Mendiguchía, la Procuraduría General de Justicia del Estado y Fiscalía General del Estado, que es la misma dependencia, solo que a capricho del Ejecutivo, se le cambio de nombre, cuyos titulares Mariano Fernando Herrán Salvatti y Amador Rodríguez Lozano, se convirtieron en el brazo ejecutor de Salazar Mendiguchia; inventando averiguaciones previas, fabricando delitos y torturando a los detractores del Gobernador.

Los alboristas fueron la presa preferida de PASAME, sin dejar de recordar lo hecho en contra de Conrado de la Cruz Morales (QEPD); al periodista Ángel Mario Ksheratto Flores, a quienes encarceló y se ordenaba torturas físicas y psicológicas.

En esos casos ningún organismo defensor de los derechos humanos, alzó la voz, nadie se quejó, nadie cerró carreteras, mientras tanto la PGJE y FGE, seguía cobrando víctimas inocentes, presentando chivos expiatorios por los asuntos que no podía resolver a satisfacción de los demandantes.

Hoy las cosas cambian, aunque Raciel López Salazar, ha demostrado capacidad al ostentar la titularidad de la PGJE; pero en algunas acciones esta dependencia ha demostrado mucha fragilidad, está cayendo en el juego de la impunidad social.

El año pasado, los maestros se adueñaron de la vida de los tuxtlecos, principalmente, al cerrar el centro de Tuxtla Gutiérrez, pisoteando los derechos de los capitalinos, cerraron carreteras y cobraron el peaje, aun cuando no estaban autorizados para hacerlo; en todas estas acciones la PGJE no ejecutó acción penal en contra de quienes violentaron la ley con muchos delitos; al contrario los premiaron al cancelar las órdenes de aprehensión.

Ayer se dio un hecho sin precedentes en Chiapas, dentro de una fiscalía regional, se mete un grupo de alborotadores, enojados por que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de su líder quien después de toda la revuelta, lo premiaron poniéndolo en libertad; este grupo cerró con candados, golpean a cuanto funcionario de la dependencia se encontraron, causaron daños materiales, casi le causan la muerte a un elemento policiaco a puntas de patadas y tubazos, pero nadie dice nada; se da el caso de que un elemento policiaco en un afán de ponerse a salvo asimismo y a sus compañeros, accionó su arma de cargo, causándole la muerte a uno de los agresores, y allí si todos brincaron…………resulta que el defenderse lo hace culpable del delito de homicidio y está detenido.

La versión oficial, emitida en un comunicado de la propia dependencia, señala textualmente, “La PGJE, informó acerca de los hechos registrados este lunes en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito con sede en Comitán, donde se manifestó un grupo de alrededor de 150 integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Frente de Organizaciones Sociales y Campesinas de Chiapas (OCEZ-CNPA-FOSICH).

Portando pancartas exigían la cancelación de diversas órdenes de aprehensión giradas por diferentes Jueces en contra de integrantes de dicha organización.

Posteriormente, los integrantes de la OCEZ-CNPA-FOSICH cerraron los accesos al inmueble con cadenas y candados, y retuvieron a Agentes del Ministerio Público, perito, policías especializados y personal administrativo. 

Ante la irrupción de los manifestantes al interior de las instalaciones, se generó un conato de enfrentamiento, momento en el cual un elemento de la Policía Especializada accionó un arma de fuego lo que hirió en la cabeza a uno de los manifestantes, Carlos Albert López García, quien perdió la vida de manera instantánea.

Ante ello, la Procuraduría de Chiapas informó que el elemento de la Policía Especializada, Crisanto Martínez Gálvez, se encuentra detenido como probable responsable del delito de Homicidio, al tiempo en que se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

De esta forma, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos atrajo las investigaciones, con el objetivo de llegar a la verdad histórica de estos hechos y aplicar todo el rigor de la Ley a los responsables.

Cabe señalar que, derivado de estas acciones diversos servidores públicos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra resultaron lesionados con palos, tubos y machetes. 

Luego de la intervención de las autoridades, los trabajadores fueron liberados.

Lo curioso, es que la propia dependencia no habla siquiera del elemento policiaco que quedó gravemente lesionados a causa de los golpes que le propinaron; por cierto, ya entrada la noche de ayer, se informó que el policía detenido, ya fue trasladado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos por Servidores Públicos de Tuxtla Gutiérrez.

Hay muchas dudas que seguramente saltan a la vista, ¿de parte de quién está la PGJE?; ¿los derechos de quien tutela la PGJE, de grupos revoltosos y violentos, o de parte de la ciudadanía pacifica?; si el accionar el arma el policía Crisanto Martínez Gálvez, le es contado como delito al quererse defender, ¿para que la dependencia le dota de armas a sus elementos?

El estado de derecho, que las autoridades están obligadas a tutelar, defender, velar y cuidar, se ve afectado por gente perjuiciosa, ¿será que podremos confiar en ellas?.....*****NOS VEMOS.

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