Por. Romeo Ortega
La vigencia de la libertad de expresión en el hemisferio es sombría, sostiene el balance de la Sociedad Interamericana de Prensa que el domingo 22 de abril se reunió en Cádiz España, para sumarse a los festejos del bicentenario de la Constitución de 1812.
Milton Coleman presidente de la SIP, fue quien presentó el sombrío balance al informar que en el último año fueron asesinados 24 periodistas en hechos ligados al narcotráfico. En la última década en México han sido asesinados o desaparecidos más de 70 periodistas.
La Sociedad Interamericana de Prensa es un organismo gremial que agrupa a 1300 publicaciones en el Continente y aunque ha recibido en distintas ocasiones severas críticas por la parcialidad como ha tratado algunos casos y por su inclinación hacia la derecha, no dejan de ser interesantes sus evaluaciones, sobre todo cuando están referidas a los constantes asesinados de personas ligadas al ejercicio periodístico.
Es buena la referencia que hizo Coleman a la aprobación del Congreso de México a la reforma constitucional que permite llevar al ámbito federal las investigaciones de atentados graves contra periodistas. Urgió al gobierno a apresurar la reglamentación de la reforma para que la tutela a los derechos y libertad de prensa cobre efectividad a la brevedad posible.
Los reportes sobre el estado que guarda la libertad de prensa en cada una de las naciones que forman el continente americano, los conoció la SIP antes de realizar su reunión en Cádiz.
Destaca en esos reportes el aumento de los ataques contra reporteros y otros trabajadores de la prensa por parte de fuerzas de ajusticiamiento ligadas al narcotráfico y al crimen organizado que han culminado con el asesinato de periodistas especialmente en Honduras, Brasil, Colombia y México.
Con este tema de la agresión a la libertad de expresión, hay plena coincidencia con la SIP porque se trata de un clamor general en contra de estos hechos y de la impunidad. De fosas clandestinas han sido extraídos los cuerpos de periodistas que primero se consideraron desaparecidos y luego se comprobó su asesinato.
En casi todos los casos la respuesta ha sido la impunidad y ni siquiera pistas se han encontrado para realizar investigaciones fundadas en datos probatorios de responsabilidad. Las indagatorias se van contra quien resulte responsable y este responsable jamás aparece, ni siquiera en retrato hablado.
En su mayoría los crímenes ocurren en entidades federativas donde más se ha asentado el crimen organizado como Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero. Y son las autoridades de la procuraduría estatal las encargadas de abrir la respectiva investigación que termina archivándose ante la imposibilidad de identificar a los responsables.
Por esto es alentadora la alusión que hace la SIP de las reformas constitucionales, para que el fuero federal conozca de aquellos casos graves en los que se involucre la integridad física de los periodistas.
Pero hay que saber que aún cuando la reforma es positiva, los pasos hacia su condición de ley con vigencia obligatoria son lentos. Tiene que haber en efecto una ley reglamentaria de la reforma y esta ni siquiera tiene visos de iniciación porque se esperaba la aprobación de los congresos estatales. No se sabe si este requisito ya se superó.
México es uno de los países más peligrosos para ejercer la libertad de prensa y multitud de atentados así lo confirma. El periodista es el ser más indefenso ante cualquier agresión y por lo pronto no hay ninguna intención decidida de protegerlos contra los atentados.
Hay periodistas valientes que han denunciado nombres y actividades de narco traficantes y criminales, pero no han vivido para contarlo.
No basta con señalar que el panorama es sombrío a nivel continental, se debe exigir y presionar para que los gobiernos con más eficiencia y voluntad protejan el ejercicio periodístico y la SIP es una organización de poder e influencia que mucho podría hacer para que el destino de los periodistas se desenvolviera en tal libertad, con tales garantías, que su vida no peligrara víctima de la premeditación y la asechanza.
COLOFÓN.- Los comentarios son diversos allá en Tapachula pero todos concurren al mismo fin. Se dice que las obras de Puerto Madero respecto a la construcción de las instalaciones donde se ubicaría la nueva planta de reparto y abastecimiento de Pemex y cuya primera piedra la puso el presidente Felipe Calderón el 14 de enero del año en curso, están paralizadas porque la constructora responsable no le paga a sus trabajadores y si no les paga lo más probable que a ella tampoco le pague el gobierno. De otra manera no se explica esa paralización donde la paraestatal Pemex tiene la responsabilidad principal. Ahora menos se puede esperar que la obra se concluya en este año antes de que finalice el sexenio de Calderón y en tanto Tapachula seguirá manteniendo la tensión de tener esta planta de reparto y abastecimiento en pleno corazón de la ciudad. Una vez parece aplicarse el sobado estribillo: el que vaga atrás que arreé.
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