- LA LEY DE AGENDA DIGITAL PARA EL ESTADO DE CHIAPA
Por: Alberto Ramos García
Abenamar Sánchez/ Heriberto Ortiz * El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, Noé Fernando Castañón Ramírez, del grupo parlamentario del PRI, presentó en las primeras horas de la tarde de este martes 13 de noviembre, en la Sesión del Pleno de la LXV Legislatura, una iniciativa de ley que sanciona el uso de internet y redes sociales, que en el Artículo 17, del Capítulo Único, denominado “ las sanciones, amonestaciones y penalizaciones del ciberespacio”, establece “Al que sin autorización conozca, copie información o la utilice se le impondrá una pena de 4 años de prisión o de 100 a 300 días de multa”(Cuarto Poder)
De entrada: No está mal que un Poder respalde las acciones de otro Poder, lo malo es cuando uno se supedita al otro, o cuando uno lleva mano sobre el otro (como en este caso). De hecho, uno de los principios básicos de nuestro régimen político -basado en la separación y el equilibrio de poderes- es que, “el Ejecutivo propone, y el Legislativo dispone”, y lo que parece que está ocurriendo en nuestro estado es que, el gobernador propone y los diputados dicen “sí señor”.
Esta semana —nuevamente— el Congreso del estado volvió a dar de qué hablar en los medios de comunicación. Como ya es costumbre, sus integrantes, los diputados, aprobaron medidas polémicas que sólo ellos entienden, sólo ellos avalan, y sólo ellos justifican.
Y prueba de ello, se metieron en el nido de las “hormigas rojas”: En tiempos de la restauración priísta el eufemismo lo es todo. El diputado Noé Castañón Ramírez, presidente del congreso chiapaneco, “hace suya” la Ley de Agenda Digital para el Estado de Chiapas, iniciativa del Movimiento de Cibernautas que es parte orgánica del mismo PRI y la presenta a trámite legislativo.
La reacción ha sido inmediata de la comunidad digital en Chiapas acostumbrada a defender su libertad. Con la ayuda de la diputada Alejandra Soriano, han difundido el texto de la propuesta. Pepe Flores ha hecho ya un excelente análisis técnico del lenguaje utilizado y sus implicaciones para internet.
A continuación haré un breve análisis de sus implicaciones para los derechos humanos y la libertad en internet. La exposición de motivos es un conjunto de párrafos con ambiguas referencias a la obligación del Estado de construir una agenda digital y ese parecería ser el objetivo explícito de la ley propuesta dado que “Chiapas no cuenta con una agenda digital”.
Pero siempre que los gobiernos hablan de promover el acceso libre a internet, vale la pena tomárselo despacio y leer los detalles. En los artículos 1 al 3 se establecen definiciones por lo demás polémicas. El problema inicia más adelante. El artículo 5 es prácticamente incomprensible
El gobierno debe velar por el aseguramiento de estos derechos, para que vivan efectiva de la globalización. (sic)
¿Vivan efectiva de la globalización? ¿Efectiva qué? ¿Felicidad? ¿acceso? …. Pues quien sabe.
El artículo 7 establece un derecho para la prohibición de la interconexión de archivos:
Derechos para la prohibición de la interconexión de archivos, es decir que las distintas bases de datos no puedan consultarse y/o vincularse indistintamente.
¿Cuáles bases de datos? Si las bases son públicas y un ciudadano accede a ellas mediante los procedimientos legales ¿Por qué no podría ponerlas a disposición y a la postre vincularlas a otras bases? Este no es un derecho, es una clara restricción.
El artículo 8 establece un derecho de supresión de datos:
Derecho de rectificación: permitirá solicitar el interesado una modificación en los términos de alteración o suplantación, o una supresión o cancelación de aquellos datos que, referidos a su persona, considere como inexactos o irrelevantes o que consideren actualización.
¿Todos tendrán por ejemplo el derecho a que se suprima su nombre de un artículo de opinión dónde se le critica por considerarse inexacto? ¿Para quién les suena que está hecho este artículo? Es claro que la supresión de datos inexactos e irrelevantes referidos a una personas es un criterio subjetivo y por lo tanto autoritario que atentaría contra la libertad de los ciudadanos, por ejemplo, para criticar la labor de sus gobernantes.
El artículo 9 establece la obligación de que los datos de los usuarios sean fidedignos.
Los y las internautas tendrán la obligación que los datos que proporcionen sean reales y fidedignos.
Podría parecer una disposición sensata, pero no lo es. Prácticamente terminaría con el anonimato, que como hemos defendido es básico para la libertad en la red, sobre todo en países con tradiciones autoritarias como el nuestro.
El artículo 12 establece las acciones en materia de política pública digital y en su inciso e establece:
Prohibir cualquier medida que en atente contra de la seguridad de los usuarios de la red.
Al no definir seguridad el criterio será el criterio del gobernante en turno. El inciso m, prevé la creación de los órganos reguladores para la imposición de sanciones.
El artículo 13 al hablar de las facultades del Estado, me parece que indica la clara intención del PRI.
El Estado será el órgano rector y regulador de las conductas externas de las y los internautas en la sociedad de la información, las cuales pueden imponerse a sus destinatarios mediante sanciones.
Aquí el Estado se pretende erigir como el órgano rector de la conducta de quienes usan internet, las cuales impondrá a los destinatarios mediante sanciones si es preciso. Quizá Corea del Norte o China sean los únicos países en el mundo que busquen tal pretensión. Regir las conductas es propio de un estado fascista y autoritario. La sanción difícilmente a logrado modificar conductas, lo que me suena más a reeducación revolucionaria.
Los artículos 15 al 19 establecen sanciones, algo un poco difícil de entender en una ley que promueve internet por ejemplo. Dichos artículos son una copia mal hecha de los delitos contenidos ya en el código penal federal.
La iniciativa tiene graves problemas de inconstitucionalidad, coarta derechos fundamentales e invade la esfera de la federación en cuanto a regulación de las telecomunicaciones. Los estados pueden promover el acceso a internet, construir una agenda digital, pero no erigirse como la autoridad en internet y menos pretender sancionar conductas.
La estrategia “hacer suya” una iniciativa de una organización, la conozco bien. Pero no se pase por alto que es el mismo presidente del congreso y no otro diputado quien la presenta. Sin duda el PRI quiere establecer controles a la libre expresión en internet y usa como laboratorio alguno de los estados. Si la presión sube, siempre es fácil deslindarse de la iniciativa “al cabo que no era mía”.
En otros espacios he puesto mis ideas sobre internet y la defensa de la libertad de expresión en internet. No abundo por cuestiones de espacio.
Está en nosotr@s como comunidades digitales defender internet y los medios sociales como espacios de libertad que hemos ganado. Hoy es Chiapas, mañana otro estado, pasado todo el país.
Cada semana nos encontramos con una nueva nota que habla del triste papel de esta legislatura, casi todas, con un común denominador: un congreso dócil, que sólo recibe órdenes del gobierno del estado. De hecho, si todas las notas (o la gran mayoría de ellas) son en el mismo sentido, ya no tendrían que ser noticia, es decir, ¿qué de novedoso tiene saber que los diputados aprueban todo lo que les manda el gobernador? Nada, ya lo sabemos. Lo novedoso sería leer algún día, alguna crónica que narre que los diputados rechazaron una iniciativa del Ejecutivo, o que realizaron una crítica, o un leve cuestionamiento hacia el ejercicio de gobierno. Nada de eso.
No está mal que un Poder respalde las acciones de otro Poder, lo malo es cuando uno se supedita al otro, o cuando uno lleva mano sobre el otro (como en este caso). De hecho, uno de los principios básicos de nuestro régimen político -basado en la separación y el equilibrio de poderes- es que, “el Ejecutivo propone, y el Legislativo dispone”, y lo que parece que está ocurriendo en nuestro estado es que, el gobernador propone y los diputados dicen “sí señor”.
No está mal que los diputados aprueben las iniciativas que les manda el Ejecutivo, lo malo es que lo hagan sin discusión, sin análisis, en fast track, sin reparar en la trascendencia de lo aprobado. Lo malo está en prestarse a vendettas políticas como en el caso de la penosa# Ley de Agenda Digital para el Estado de Chiapas : reformas al vapor, y después estar tapando con parches los bodrios creados. Lo malo está en dejar de legislar (lo cual debería ser su verdadera función) y dedicarse a certificar todo lo que les llega.
De hecho, un dato que es revelador es que, de las 15 iniciativas que han sido enviadas desde palacio de Gobierno en estos 30 días, todas han sido aprobadas, mientras que, muchas de las iniciativas de los propios legisladores se han quedado estancadas. No es casual entonces, que se diga que el actual Congreso no es otra cosa más que una simple Oficialía de Partes del Gobierno del Estado. Tampoco es descabellado sugerir, que los legisladores deberían aprobar un Punto de Acuerdo para cambiar el recinto oficial, y sesionar en la Palapa de la Casa de Gobierno…
Dice un dicho popular que “no me molesta que me digan perro, sino la perra forma en que me lo digan…” y creo que ese es justamente el reclamo que tenemos muchos ciudadanos con los
señores diputados, es decir, ya no es solamente el hecho de que aprueben cosas inauditas, sino que además lo hagan sin cuidar las formas, rayando en el cinismo
Qué pena da el Congreso del estado, o mejor dicho, ésta legislatura, que han conformado un Congreso sin identidad, sin voz, sin propuestas, sin autonomía, sin legitimidad, sin rumbo. Disculpen señores legisladores, pero así los vemos, así se ven (salvo muy contadas excepciones); se ven como un Congreso pobre en ideas, en argumentos, en debate, en oficio y técnica parlamentaria. Qué pena, pobre Congreso…Nos leemos en la próxima cita, Dios mediante.
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