viernes, 7 de noviembre de 2014

BRÚJULA POLÍTICA


La propuesta de ERA; que Gabinete informe. 

Por. Víctor M. Cruz Roque
vmcruzroque@hotmail.com


¿A qué se refirió específicamente el secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, al dar a conocer, que enviará al Congreso del Estado, una iniciativa para que los integrantes del Gabinete Legal, tengan la obligación de dar a la ciudadanía un informe detallado de sus actividades? 

La interrogante surge a partir de legítimos razonamientos jurídicos y políticos, en el sentido de que tanto a nivel nacional como en el estado, ya existen mecanismos por los cuales los miembros del gabinete deben dar cuenta de sus quehaceres y resultados de los mismos. Así lo establecen las constituciones de ambos niveles gubernamentales, cuyos articulados son precisos y específicos, además de que están vigentes organismos que deben encargarse de la vigilancia, cuidado, observancia y de especificidad contralora, para efectos de que los funcionarios públicos—en términos genéricos—rindan los informes que se le requieran, de manera periódica y concurrente. Más aún, como parte de las once reformas constitucionales promovidas por el presidente de la República, una de ellas se refiere específicamente a la Transparencia y Rendición de Cuentas, cuyos alcances no solo son del ámbito federal sino que aplica para todas las entidades del país. 

Dice el Título Quinto, Capítulo 1, artículo 18, que “El Poder Legislativo del Estado de Chiapas, se deposita en una Asamblea de Representantes del pueblo, que se denominará Congreso del Estado”. 

Este a su vez, posee un Órgano Superior de Fiscalización, además de comisiones de Hacienda, Justicia y Vigilancia, que coadyuvan para que no solo los Ayuntamientos sino también las dependencias del Ejecutivo estatal efectúen informes periódicos sobre el estado que guardan las respectivas áreas de su responsabilidad. 

Por si fuera poco, en el organigrama administrativo estatal, existe una Secretaría de la Función Pública que se supone realiza tareas que le son propias en su carácter de vigilante permanente de que las dependencias aludidas cumplan con eficiencia y realicen informes detallados de sus actividades ordinarias y extraordinarias. 

Se trata de que esas áreas cumplan cabalmente con lo encomendado, que se respete la legalidad existente y que cada una de ellas asuma sus responsabilidades. 

¿Inoperancia o vacíos legales? 

De cierto modo tiene razón el secretario General de Gobierno, porque la impresión generalizada que posee la sociedad, es que esas entidades son inoperantes a la hora de cumplir y hacer cumplir el marco jurídico que nos rige. Esto implica que no existen vacíos en la materia, sino ausencia de voluntad—por los motivos que sean—para que no solo los integrantes del Gabinete legal sino todos los que se dedican a la función pública acudan por mandato de ley a rendir los informes que sean necesarios. ¿Acaso desconoce la SFP lo que hacen dichos servidores?, que de sí poseen obligatoriedad de hacerlo, todos sin excepción. 

El anuncio de Ramírez Aguilar se torna interesante, cuando explica que los informes propuestos deberán ser independientes de la Glosa del Informe que hace el Ejecutivo ante el Congreso estatal. Además, especifica que los ciudadanos deben poseer el derecho a ser informados de las acciones que realiza la dependencia. ¿No existe esa garantía actualmente?. La pregunta anterior nos remite nuevamente a las constituciones, federal y del estado, y ahí encontramos que sí existe, pero se ha omitido siempre por diversas razones, entre ellas las de carácter e intereses políticos. 

Lo referido por el secretario de Gobierno contiene puntos positivos, solo faltaría conocer las fórmulas y los procedimientos mediante los cuales los citados funcionarios estarían obligados a rendir informes, ya que es confusa la apreciación si lo harían de manera directa ante los ciudadanos, ante un Consejo de Representantes, o ante una especie de Contraloría Social. Esto a su vez propicia dudas, ya que así, mediante informes directos, en términos prácticos resulta que son improcedentes. 

A todo esto habría que considerar que los avances tecnológicos ya posibilitan los informes detallados mediante la creación de portales y páginas Web, que por cierto muchas entidades no los tienen actualizados o simplemente limitan los contenidos, sin que exista autoridad alguna que los obligue a cumplir con ello, que dicho sea de paso si es una obligación. 

¿Dónde se encuentran entonces las fallas y las omisiones? ¿Los chiapanecos carecen de información sobre lo que hacen o dejan de hacer los miembros de Gabinete, debido a qué? 

EN CONCRETO. 
A modo de editorial. 

Los partidos políticos son entidades e instituciones públicas, al servicio de intereses privados. Estos que deberían ser agentes y canales para la promoción de la participación ciudadana en la búsqueda de mejores y mayores niveles de democracia y bienestar común, lamentablemente en nuestro país se han convertido en instrumentos mediante los cuales, castas, clanes, células mafiosas, catervas, grupúsculos, pequeñas legiones y hordas de manipuladores, se dedican a lucrar para saciar sus perversas ambiciones de poder. 

Suena duro, inflexible y certero lo que aquí decimos, y es la verdad, y si alguien lo duda, bástele conocer cuál es la percepción que la sociedad tienen de los partidos políticos en general y de quienes dirigen estos clanes en particular. 

Este desprecio se lo han ganado a pulso, por aprovechados, por cultivadores de vicios y arbitrariedades, y porque todos sin excepción se han regodeado de los peores vicios y actitudes obsoletas, despreciando a quienes a final de cuentas los nutren de recursos para que se den vida de virreyes y de señores con etiquetas de feudalismos. 

En el curso grotesco e inhumano de lo sucedido en Iguala, Guerrero, ahora los partidos políticos intentan convertir en botín lo sucedido, y es ahora que intentan lavarse las manos como verdaderos Poncios Pilatos modernos. 

Es ahora que piden con la vergüenza a cuestas, que se instrumenten mecanismos para impedir que engendros del mal como el ex presidente municipal de ese municipio José Luis Abarca, accedan a espacios de poder. 

Es ahora que exigen--¿exigen?--¿con qué calidad ética, política, moral y humana se atreven a exigir?, si la mayor raja de lo sucedido les corresponde a ellos, que han postulado a candidatos cuando muy bien sabían que eran delincuentes; que los protegen y los cobijan cuando conocen sus actividades delictivas. 

Es ahora que dirigentes partidistas se dan golpes de pecho y aseguran que ahora sí van a tener cuidado en no postular a sujetos de calaña criminal, pero el daño ya está hecho y son 6 muertos y 43 desaparecidos lo que se reclaman con vida. 

No dudamos que también los partidos políticos son responsables de lo sucedido, en este caso particular el PRD y en lo general todos por todo el desgarriate que ha ocurrido en muchas partes del país, sin exceptuar a Chiapas, por supuesto. 

Ahí está el problema, abofeteando la conciencia de México y del mundo entero. 

Como decían las abuelitas: no esperen que se les aparezca el diablo en calzoncillos, o lo que es igual, no esperen a que despierte el México bronco, porque su destino inexorable e inevitable, será el basurero de la historia. 

APUNTES. 
Congreso puntualiza posición. 

En comunicado de prensa, el Congreso del estado a través del presidente de la Mesa Directiva diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, expuso su posición respecto a la huelga de hambre que realiza un catedrático de la UNACH y otras expresiones de protesta realizadas en el edificio del Poder Legislativo. Destaca que en todo momento se han atendido las posturas divergentes y explicó los motivos por los cuales se llevó a cabo las reformas a la Ley Orgánica de esa institución de educación superior, cuya Junta de Gobierno actualmente se encuentra en proceso de auscultación a la comunidad universitaria para la designación del nuevo rector. 

Refiere el representante popular, que el Congreso ha actuado de manera coordinada con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para atender a los inconformes. Del mismo modo se refiere a los protocolos de seguridad implementados en la sede cameral, y refiere que es obligación del gobierno interno del Congreso, garantizar la integridad física de los trabajadores así como de los bienes que se encuentran en el interior de la misma. 

Es todo, gracias. 
Sígame en Twitter: @victormanuelcru 

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