Semáforo

¿Y los miles de millones a´pa?

Por. Exal Baltazar

Verde. El pasado martes 7 de junio del actual, a las 19 horas aproximadamente, fue detenido el ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, por agentes de la Procuraduría chiapaneca, quienes se trasladaron hasta ese lugar.

Amarillo. ¿Maldición o coincidencia? Quien sabe, pero lo que si es cierto, es que el día en fue detenido Pablo Salazar, fue precisamente el día que el trato de suprimir aplicando la “Ley mordaza” a todos los que nos dedicamos al periodismo en el estado de Chiapas, a manifestar nuestras ideas de acuerdo a nuestro derecho que nos otorga la Constitución Política Mexicana.

El 26 de mayo del 2004 entro en vigor la famosa Ley Mordaza, por lo que periodistas, campesinos y defensores de los derechos humanos protestaron en el Congreso del estado contra esta imposición, en la cual se manifestaba las reformas hechas al Código Penal estatal que incrementaban las penas y sanciones para delitos de difamación de 3 a 9 años de prisión y multas de cien a mil salarios mínimos.

Como Ali Baba y los 40 diputados de ese entonces, aprobaron dicha ley. Aunque tiempo después recularon (reculeros) sobre la misma aduciendo que el Oficial Mayor del Congreso había entregado las carpetas 30 minutos antes de iniciar la sesión, por lo que fue imposible analizarlas detenidamente, sin embargo el Oficial Mayor se defendió diciendo que los diputados supieron con diez días de anticipación sobre el documento que aprobarían.

De esta manera quedo aceptada una nueva ley que contravenía los lineamientos y principios democráticos trazados por la ONU y la OEA, en el sentido de despenalizar delitos como la difamación y calumnia que son fáciles de manipular para restringir la libertad de expresión, de información y de prensa.

El amanecer del 8 de junio, horas después de su detención, Ilán Katz, abogado del ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, dijo que su defendido inició una huelga de hambre en protesta por su detención, se da a conocer que mantendrá esta postura hasta que sea absuelto del delito que se le imputa o muere, tratando de poner de esta forma en “jaque” al gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero y a la justicia chiapaneca.

La pregunta que surge es: ¿Por cuánto tiempo estará recluido en el penal “El Amate”? ¿Podría algún juez decretar arraigo domiciliario a Pablo Salazar? Aunque son máximo 3 periodos de 30 días por los cuales, la ley permite que un inculpado permanezca bajo esta situación, ¿y después que? ¿Otros 3 periodos de 30 días? ¿Cirugía plástica? ¿tiempo al tiempo?

El ex mandatario chiapaneco fue detenido y es culpado por presuntos delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones, de autoridad y asociación delictuosa. Mientras que en conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, el procurador Raciel López Salazar confirmo lo anterior y agrego que también se le acusa de auto gestionarse un bono sexenal de 104 millones de pesos y pesan sobre él otras seis demandas de asociaciones civiles de la Costa de Chiapas, por supuesto incumplimiento de la reconstrucción, tras los efectos del huracán Stan en 2005.

También está procesada en el penal de El Amate, la ex titular del extinto Instituto de la Vivienda del estado, Socorro del Carmen Domínguez Aguilar. Los presuntos delitos de fraude y peculado en su contra ascienden a más de 3 millones de pesos.

Esta misma persona podría estar involucrada en el contrato de compra venta de las 3 hectáreas de terreno ubicadas en Mapastepec y que son propiedad de Ulises Aguilar de los Santos, del cual comente en columna anterior, quien hasta el día de hoy no le han pagado el resto del valor de su terreno, mismo que ya fue invadido y que además, por la corrupción de funcionarios de esa administración, perjudicaron también al hacer un deslinde que no le permite tener libre acceso.

Aguilar de los Santos pide la intervención del Gobernador Juan Sabines Guerrero para que se le liquide su pago total a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Vivienda (SEMAVI) antes INVI.

También son investigados directores de obras públicas, tesoreros, síndicos, alcaldes, supervisores de obras y funcionarios a nivel estatal las cuales suman 17 averiguaciones previas por diversos delitos relacionados con la reconstrucción.

Rojo. Bien, Pablo Salazar tendrá que afrontar el aspecto jurídico, pero ¿que pasara con los miles de millones de pesos “extraviados”? La “platica” con Vicente Fox, ¿Fue una platica o un reclamo?

Denuncias y comentarios: exalbja64@hotmail.com Cel. 962 10 80 934.