BRÚJULA POLÍTICA

La Cofel, como en el limbo; posible desaparición.
Por. Víctor M. Cruz Roque
vmcruzroque@hotmail.com

Escozor y zozobra en la Comisión de Fiscalización Electoral por las indefiniciones que prevalecen a partir de las reformas constitucionales en materia político-electorales llevadas a cabo y que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de este año. 

Pero faltan las leyes secundarias o complementarias: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley de Partidos Políticos—nueva—y la Ley en Materia de Delitos Electorales, principalmente. 

La Cofel, única en el país de su tipo y género, se encuentra en la orfandad jurídica y por lo mismo su prevalencia está rodeada de confusión, ya que a nivel nacional el aquí presentado es caso aislado y por lo tanto hasta hoy su permanencia es incierta. 

La naturaleza y todo lo concerniente a la funcionalidad de la Comisión de Fiscalización Electoral del Estado de Chiapas, fue asumida de facto por el nuevo Instituto Nacional Electoral, que en letra de la Constitución General de la República, ya reformada, establece que a esta instancia le corresponde “La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y; “las demás que determine la ley”. 

Tales disposiciones se encuentran contenidas en el Artículo 41, Fracción 5, Apartado B, Inciso A, de la Carta Magna ya innovada. 

Plazos fatales. 

Hoy miércoles vence el plazo para que ambas cámaras del Congreso de la Unión concreten las llamadas leyes secundarias o complementarias, que le den forma y factibilidad de aplicación a las reformas constitucionales efectuadas, y aunque las fuerzas políticas ya han alcanzado acuerdos para que éstas se concreten en un período extraordinario de sesiones a efectuarse de manera inmediata, ello no desdibuja la posibilidad de que, por fin, la famosa Comisión de Fiscalización Electoral del Estado de Chiapas sea borrada del mapa de un solo plumazo, lo que equivaldría a subsanar un caprichoso proceder del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, que a iniciativa suya, en el 2004, se creó la ex Contraloría de la Legalidad Electoral, transformada después por impulsos de Juan Sabines Guerrero en Comisión de Fiscalización Electoral, tal y como la conocemos hasta hoy. 

Cofel: Carabina de Ambrosio. 

La materia y las atribuciones que le dan razón de ser a la Cofel, se encuentran contenidas principalmente en el artículo 197 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. Y aunque el rosario de sus facultades, lineamientos de operatividad y lo demás concernientes, dan la impresión de que es un organismo ejemplar, necesario para preservar la salud de los procesos electorales estatales, en la práctica y en el terreno específico de los hechos ha resultado una carga sumamente pesada para el erario público estatal. Es uno de esos llamados “elefantes blancos” cuyo margen de representatividad y garantía se circunscribe a ser espacio para la estadía de inoficiosos burócratas, ya que nada, absolutamente nada lo que le ordenan las normas legales cumple y por el contrario, se ha convertido en instrumento legitimador de actuaciones que violentan la propia legalidad que nos rige en la materia. Así, transparencia, legalidad, orden, disciplina del gasto, equidad y otros similares, son conceptos que penden como adornos en la solapa de los comisionados, cuya presidencia la ostenta Erik Alejandro Ocaña Espinosa, por cierto ungido como Notario Público por el ex gobernador Juan José Sabines Guerrero. 

El organigrama de la Cofel es ostentoso e insultativo para los tiempos de austeridad en que vivimos. Además de Ocaña, cobran como contralores Rafael Augusto Morales Ochoa y Francisco Moisés Bedwell Jimenez, además un Secretario Ejecutivo, tres directores generales, un contralor interno, un director de Administración y Finanzas, un Secretario Técnico, incontables jefes de departamento y una pléyade de trabajadores que nadie sabe exactamente que hacen, emulando a sus cabezales ineptos. 

Inutilidad e ineficiencia. 

Dado que será el INE quien por mandato de ley asume las funciones que hoy en teoría dice realizar la susodicha Comisión; y tomando en cuenta que será especie de arrocito negro de toda la estructura nacional dedicada a la organización de los procesos electorales federales y locales en el país, aunado al hecho de que para esas atribuciones permanecerán vigentes los institutos de elecciones locales que dependerán directamente de la instancia nacional, se hace necesario que el Congreso del Estado revise minuciosamente hasta dónde conviene seguir manteniendo ese conjunto parasitario que sangra impunemente los presupuestos públicos estatales. 

Muchas son las voces que reclaman una actuación más firme y decidida de este organismo para supervisar, controlar y conducir convenientemente las actuaciones de incontables actores políticos “desatados” que acusan movilidad extrema, escudándose en “gestorías” de diversa índole pero que en el fondo son actividades eminentemente de proselitismo político y electoral. 

La Cofel, sorda y muda ante tales evidencias, ni se inmuta ni se rasca para contener los afanes de la que hacen gala muchos políticos parapetados en proselitismo disfrazado, por lo que evidentemente incumple con sus responsabilidades y no posee fundamento de existencia. 

Tan desorientadas están las funciones de la multicitada Cofel, que al no tener que hacer o a que dedicarse, su actual presidente Erik Alejandro Ocaña Espinosa, se sacó de la manga el hecho de que esta instancia sea la que promueva estudios de Maestría en derecho Procesal Constitucional y Electoral, supliendo de esa forma a un campo de acción que le corresponde a las universidades e institutos de educación superior. ¿La Cofel erigida en centro de enseñanza de educación superior?, ¿En qué se fundamenta legalmente para llevar a cabo esas funciones?. 

Todas estas son consideraciones para recomponer las estructuras legales estatales diseñadas para garantizar la organización efectiva de los procesos electorales, que en su momento fueron resultado de caprichos, insidias y afanes de control político absoluto, pero que en tiempos de modernización de las leyes, especialmente las nacionales producto de las reformas realizadas y promovidas por el presidente de la República Enrique Peña Nieto. 

La Comisión de Fiscalización Electoral de Chiapas, se encuentra en el limbo hoy. Ojalá que se le desaparezca definitivamente. 

EN CONCRETO. 

En el contexto de los tradicionales festejos relativos al “Día de la Niñez”, el gobernador Manuel Velasco Coello presentó su informe de actividades del programa “10 por la Infancia” que se realiza en nuestro estado a instancias de la Unicef. 

En el evento, acompañaron al mandatario estatal, la representante de Unicef México, Isabel Crowley, la presidenta del DIF Chiapas señora Leticia Coello de Velasco, legisladores federales y locales, así como integrantes de los 122 ayuntamientos de la entidad. 

El acto, identificado como Primera Sesión del Comitpe Estatal de Seguimiento y Vigilancia de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolecentes, fue de trascendencia e importancia vital para detallar las políticas públicas y los programas que se llevan a cabo a favor de este importante conjunto social. Ahí, el gobernador presentó los resultados y logros concretos que se refieren a los 10 compromisos asumidos por su administración, relacionados con: seguridad social, salud, educación, justicia y el combate al trabajo infantil. 

Al dar a conocer los avances en la materia, el gobernador Manuel Velasco Coello llamó a los presentes a seguir conjuntando esfuerzos para lograr cimentar las bases necesarias para el desarrollo que requiere nuestro estado, beneficiando principalmente a los grupos sociales más vulnerables y desprotegidos, entre los que destacan las mujeres, las personas de la tercera edad, los indígenas y los niños. “En Chiapas garantizar los derechos de las niñas y los niños es un acto de justicia social, que estamos impulsando de manera permanente, y aunque sabemos que falta mucho por hacer, también estamos convencidos que con el esfuerzo conjunto de los gobiernos, las organizaciones y la sociedad civil cada vez vamos a avanzar más en estas metas”, destacó el mandatario chiapaneco. 

APUNTES. 

Respecto al paro de transportistas efectuado en diversas partes del estado y que afectó a miles de usuarios, se hace necesario que las autoridades correspondientes, sobre todo de la Secretaría de Transporte, den a conocer los verdaderos motivos por los cuales dirigentes como el de la Alianza del Autotransporte, Bersaín Miranda Borraz, se niegan a acatar las disposiciones oficiales y tratan de imponer sus propios intereses. Que ya basta de impunidad, se escuchó decir reiteradamente. 

Es todo, gracias.