Palestra

Adrián Sánchez, a leer papá
Por. Rodrigo Ramón Aquino

Con educación, con decoro, y condescendencia, el presidente de la Comisión de Fiscalización Electoral, Erik Ocaña Espinosa, prácticamente mandó a estudiar el contenido de la reforma político-electoral a Adrián Sánchez Cervantes, consejero presidente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana.

Lo anterior, luego de que Sánchez Cervantes diera a conocer que el IEPC aplicará sendas multas al Partido Orgullo Chiapas y al Partido de la Revolución Democrática en cumplimiento a una disposición de la propia Cofel. Pero no desaprovechó la oportunidad para soltar un poco de veneno electoral al señalar que en año y medio sólo (solamente, apenitas, un pelo de gato) dos sanciones se han emitido. Como queriendo decir “pa qué picte están”.

“El maestro Adrián Sánchez es una persona a quien respeto profesionalmente, es mi amigo y quizá la incertidumbre que ha despertado la reforma político-electoral lo llevó a realizar ese comentario confuso. Los trabajos y sanciones impuestas por la Cofel pueden ser consultadas en nuestra página oficial o directamente en nuestras oficinas”, declaró en su oportunidad Erik Ocaña, ante los cuestionamientos de la prensa.

Si el consejero presidente quería hacer su maldad, estaba obligado a conocer al dedillo las atribuciones del organismo de fiscalización en el estado. El modelo electoral aplicado en Chiapas se basa en un instituto que organiza y realiza las elecciones y en otro que investiga el uso de los recursos de los institutos políticos. En este sentido, la Cofel es la única que puede imponer multas, basada en un análisis técnico previo y en auditorías a los informes financieros de los partidos.

Lo que además parece no saber el titular del IEPC es que la Cofel puede ejecutar las multas. Es decir, el partido sancionado puede cumplir sus multas y sanciones ante la propia comisión de fiscalización. No obstante no siempre ocurre así y se dan casos en que los representantes financieros partidistas se niegan a pagar, y es entonces que se recurre al IEPC (pues al ser el encargado de otorgar las prerrogativas es obvio que ejerce mayor presión, pues puede realizar descuentos directos).

En resumen: el IEPC no tiene porqué enterarse de las multas y sanciones impuestas, salvo que la propia Cofel lo requiera.

(Desde mi particular punto de vista, no creo que Adrián Sánchez esté confundido, más bien creo que su comentario está impregnado de las ganas enormes y la relamida de bigotes constante por tener a su cargo la fiscalización de los partidos. Esta ambición debe prevenir a las autoridades.)

Ágora

La presión ejercida ayer por la Alianza de Transporte que encabeza Bersaín Miranda Borraz busca que se promulgue ya la nueva ley del transporte, que entre otras particularidades regresa la facultad al Ejecutivo del estado para otorgar concesiones.

Miranda considera que siendo el gobernador quien las dé otra vez, como estaban acostumbrados, será más fácil obtener concesiones para sus representados, a quienes se dice ya vendió por adelantado, de ahí que no tenga paciencia para esperar los tiempos necesarios del proceso legislativo.

Pero Bersaín Miranda se quedó solo, la mayoría de los líderes transportistas del estado respaldaron al secretario de Transporte, Mariano Rosales Zuarth, con quien desde hace meses vienen trabajando en el proyecto de la nueva ley. Una ley que busca ser más equitativa y que brinde igualdad de oportunidades a la hora de buscar una concesión.

Al ofrecer una rueda de prensa para explicar la situación, Rosales Zuarth pidió a los líderes disidentes respeto para el personal que labora en la Secretaría de Transporte, muchos de ellos con años antigüedad, a los que se les ha señalado reiteradamente de corruptos.

Ofreció libertad para auditar la secretaría a su cargo, pero al mismo tiempo consideró que lo justo será también que se auditen las concesiones de los líderes, muchas de ellas adquiridas a través de corruptelas. El reto está lanzado.

Contacto:

roraquiar@hotmail.com

9611395592

Twitter: @roraquiar

PIN: 7B613225