Palestra

Que nos pregunten
(Segunda parte)
Por. Rodrigo Ramón Aquino

Respecto a la consulta ciudadana, más recientemente y más cercano a nosotros habríamos de recordar aquel 14 de septiembre 1824, cuando los chiapanecos tuvimos que tomar la decisión de pertenecer al nuevo pacto federal mexicano o seguir siendo parte de Guatemala.

La Junta Suprema Provisional que gobernaba la provincia en aquel importante momento de transición expidió, el 24 de marzo de ese año, la circular que reconocía que eran los miembros del pueblo quienes debían tomar la decisión de a qué nueva república unirse:

“Nadie mejor que ellos, sobre quienes ha de gravitar el día de mañana el peso de las contribuciones directas o indirectas, podrá acertar en la elección de la Nación a que se federen. Ambas son liberales y filantrópicas, su forma de gobierno es idéntica, las costumbres caminan bajo el mismo principio. La religión católica, apostólica romana, es la adoptada con exclusión de toda secta”.

Apenas a finales del siglo pasado, América del Sur dio ejemplo de un auténtico ejercicio de democracia directa con el plebiscito nacional de Chile de 1988. Este referéndum realizado el 5 de octubre puso fin a la dictadura de Augusto Pinochet y dio paso al periodo conocido como transición a la democracia.

El resultado de consultar al pueblo (43,01 por ciento por el SÍ y 54, 71 por ciento por el NO, una vez escrutados los votos) permitió que en 1918 se convocara a elecciones democráticas conjuntas de presidente y parlamentarios. Una votación que cambió el rumbo del país austral.

Nueva consulta en México

En noviembre del año pasado, el Partido de la Revolución Democrática entregó al Senado de la República un millón 700 mil firmas para solicitar al Ejecutivo someter a Consulta Popular la reforma energética aprobada el 11 de diciembre de 2013.

Incluso, el líder moral de izquierda Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas, quien en 1938 nacionalizó la industria de los hidrocarburos en el país y puso su control absoluto en manos del Estado, no descartó la desobediencia civil para lograr su propósito, dijo en la marcha del 31 de enero en el ciudad de México que la lucha contra la reforma energética no se limita a recolectar firmas para pedir la consulta, sino que son válidas acciones como los paros cívicos y huelgas.

Pero ningún esfuerzo en las calles dará fruto en tanto no se consiga la ley reglamentaria de la Consulta Popular. Aun si se consigue continuará un tenso debate sobre lo viable o no de la consulta popular (algunos legisladores del PRI y PAN han declarado que los cambios constitucionales en materia energética no podrán ser sometidos a consulta por tratarse de un tema de ingresos) que llevará a un impasse legislativo y a la resolución final por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que muy probablemente falle a favor del Ejecutivo.

Pero más allá de que la consulta popular sea en estos momentos la bandera con la que se envuelven los partidos de izquierda mexicanos de cara al precipicio, para los ciudadanos comunes debe significar el ejercicio pleno de nuestros derechos y conquistas democráticas, la oportunidad de que participemos directamente en la toma de decisiones trascendentes del país.

Que nos pregunten. Y si nos preguntan es casi seguro que la gran mayoría de los ciudadanos se pronunciará por echar abajo los cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y con ellos también los transitorios. Independientemente de cuál sea el interés de los partidos, el gobierno federal no debe impedir este ejercicio ciudadano, al contrario, debe alentarlo para dar un paso más en el camino de la consolidación democrática, donde, por cierto, México, como hemos visto y para variar, también se encuentra con un importante rezago. 

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