Semáforo

La UCD podría protestar en carreteras de Chiapas

Por. Exal Baltazar Juan Ávila 

Verde. Los famosos automóviles llamados “chocolates” por su procedencia extranjero e introducidos ilegalmente al país por la frontera norte colindante con los Estados Unidos, han circulado desde hace años en los estados de la Republica Mexicana. Su ingreso a territorio chiapaneco se debe a la intervención de la UCD (Unión Campesina Democrática) la que, desde su creación, en 1994 aproximadamente, a través de la afiliación al gremio obtienen una calcomanía, en la actualidad es placa y credencial. 

Entre 1985 y 1986, ante el sustancial número de vehículos en tránsito, autoridades federales determinaron aceptar únicamente aquellos que pudieran facilitar el trabajo agrícola tales como Pick up. 

Sin embargo, la demanda fue creciendo así como la introducción, por lo que se busco y logro la manera de legalizarlos. En 1991, a través de un decreto, todos los vehículos que se encontraban en esa fecha, en el territorio nacional fueron legalizados a través de la UCD y otras organizaciones. 

Esto fue el inicio de una larga y ambiciosa introducción de vehículos de procedencia extranjera, por lo que la lucha por hacerlos también beneficiarios de ese decreto, se derivaron dos decretos más, con la exclusión de que no fueran vehículos de lujo ni deportivos, años posteriores se logra la clasificación en una tabla con las especificaciones de cada uno de estos. 

Esta irregularidad continuó hasta el 2005, año en que el entonces presidente Vicente Fox Quesada autorizó el proceso de legalización de los vehículos usados de procedencia extranjera con más de 10 años de antigüedad. 

Amarillo. En primera instancia, esto ha representado un aparente beneficio para muchas familias mexicanas, sin embargo han ocasionado problemáticas, tales como contaminación ambiental al no contar estas unidades con los controles de emisiones reglamentados por ley (los convertidores catalíticos tienen una duración aproximada de 10 años), a la falta de refacciones en algunos casos (por tratarse de modelos o versiones que no se comercializaron en el país), y el consiguiente daño a la industria automotriz nacional al preferir una parte de la población este tipo de unidades más baratas, que el adquirir un auto mexicano por los diversos canales de venta existentes. 

Sin embargo, de enero a mayo del 2012, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la cifra de introducción de estos automóviles a sufrido una disminución del 33.7 por ciento, ya que únicamente se importaron 172 mil 816 automóviles usados, comparado con lo que ingresó en igual periodo del año pasado de 260 mil 556. 

Del 2005 a la fecha, ya no ha existido otro nuevo tratado, entrando en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, en el que los vehículos estadunidenses y canadienses pueden ser legalizado y circular de una manera responsable dentro del territorio nacional, no así los europeos y japoneses, identificándolos por la serie que inicia con letras. 

Rojo. Dos problemas por afrontar. 

Por un lado AMDA ha dicho que pese a mantener una tendencia a la baja desde la aplicación de la norma ambiental creada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que exige condiciones mecánicas para circular en el país, algunas personas siguen tramitando amparos en la frontera con Estados Unidos, para seguir ingresando estas unidades al país. 

Por el otro lado, la exuberante cantidad de impuesto que fluctúa entre los 1,500 a 1,600 dólares, muchos propietarios han optado por andar de forma ilegal, lo que ha motivado a que autoridades federales de algunos municipios como Tuxtla Gutiérrez, Comitan y San Cristóbal de las Casas, presionen a miembros de la UCD, prohibiéndoles el trafico de los vehículos en arterias de comunicación so pena de que sean detenidos por infringir la ley, a otros les han decomisado al unidad y al conductor puesto a disposición de la PGR acusándolos de introducción ilegal de mercancía que es equiparado al contrabando y donde les exigen una cantidad de dinero que van desde los 30 a 40 mil pesos para dejarlos libres. 

Según menciona el líder en el estado de la UCD, Herminio Verdugo Muños, una cantidad de más de 5, 500 vehículos transitan en el estado, los que son utilizados principalmente para transportarse al trabajo, por lo que de no llegar a ningún arreglo favorable con las autoridades, en el transcurso de esta semana, podrían llevar a cabo un movimiento consistente en dirigirse a la capital del estado, a San Cristóbal y Comitan, a bordo de sus automóviles a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. 

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