miércoles, 17 de abril de 2013

Comentario Zeta

Velasco gobernador con capacidad gestora

Por Carlos Z. Cadena

En los 120 días de gobierno, Manuel Velasco ha puesto en marcha su capacidad de gestoría mostrada años atrás durante su periodo como diputado y senador. Hoy como gobernador ha logrado que la Federación destine 10 mil millones de pesos para los programas sociales agrupados en la Cruzada Nacional contra el Hambre dirigida a 55 municipios de Chiapas que se verán beneficiados con apoyos alimenticios, proyectos productivos y mejores servicios para las colonias y comunidades. De igual forma, el joven mandatario logró amarrar un acuerdo de casi mil millones de pesos con la SAGARPA, el mayor en el país, para destinar más insumos a los productores del campo chiapaneco que podrán elevar su producción y aumentar sus ingresos.

Asimismo, Velasco pudo acordar que la subsidiaria DICONSA se comprometiera por escrito a comprar 10 mil toneladas de maíz a productores locales, lo que nunca en la historia de DICONSA, se logró por la gestoría del gobernador de Chiapas, que también logró sacarle a la Comisión de Desarrollo Indígena que encabeza Nuvia Mayorga, un convenio de trabajo por cerca de 500 millones de pesos, la inversión más grande que hace la CDI en todo el país.

Pero de igual manera, Velasco apretó el cinturón del gasto corriente de la administración estatal y mediante el Plan de Austeridad logró canalizar ahorros al Programa Estatal de Infraestructura que sólo en el 2013 generará una derrama económica de 8 mil millones de pesos, que en voz de los propios constructores agrupados en diversas organizaciones, representa una inversión sin precedente que reactivará la economía estatal en el corto y mediano plazos con obras de modernización, conservación y ampliación de carreteras y caminos que tanta falta hace en nuestro estado y para que las regiones puedan detonar todo su potencial de crecimiento y desarrollo, en mejoramiento de la infraestructura educativa, de salud y en sistemas de agua potable, tratamiento de aguas residuales, nuevos rellenos sanitarios y, sobre todo, obras de pavimentación que se piden a gritos en las principales ciudades del estado.

De igual manera, el gobernador firmó un acuerdo estratégico con el Sistema Nacional de Seguridad Pública donde Tuxtla Gutiérrez y Tapachula se verán beneficiados con más de 50 millones de pesos en programas de prevención del delito. Y a penas este fin de semana, durante su gira por el municipio de Chicomuselo, entregó 50 mil plantas para la renovación de cafetales en la región de la Sierra, lo que representa una acción en respaldo a los cafeticultores que se han visto golpeados por el fenómeno de la roya y que significa un esfuerzo a tiempo para evitar que Chiapas caiga en su competitividad nacional y mundial como potencia productora de café. A 120 días de haber iniciado su mandato, Manuel Velasco está como el mago sacando de la chistera los ahorros para canalizarlos a más programas de inversión tal y como lo prometió en su mensaje de toma de protesta el pasado 8 de diciembre. No ha sido un camino fácil para el joven mandatario estatal, pero a pesar de todas las dificultades financieras que atraviesa el gobierno del estado, no ha dado pasos hacia atrás y está dando los resultados de gobierno que pueden darse a tan solo 4 meses de gestión y en quiebra financiera, pero la buena noticia es que el gobernador actúa responsablemente y usa su capacidad gestora para traer más apoyos a nuestro estado. El sexenio está comenzando.

Delitos contra periodistas al ámbito federal

Desde hace un par de años, la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) recomendaron ampliar la protección a la actividad periodística en todo el mundo y fue la comunidad Europea la que arrancó este advenimiento en favor de la libertad periodística Para empezar, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Desde este fin de semana en México será del ámbito federal que se podrá conocer y perseguir los delitos en contra de periodistas mexicanos. Fue contundente la aprobación del Senado de la República sobre las reformas legales para que se le faculte a la Procuraduría General de la República (PGR) la atracción al Ministerio público Federal cuando se cometan delitos del fuero común contra periodistas, personas o instalaciones que afecten el derecho a la información o a las libertades de expresión e imprenta. Pero no solamente se le dio el visto bueno legal a la PGR, sino que también a los jueces federales se les otorgó competencia para juzgarlos.

El dictamen de los Senadores destaca que en México las personas que se dedican al periodismo se encuentran en una situación vulnerable. Su integridad física y vida pueden verse amenazadas. Se hicieron modificaciones y adiciones a cuatro ordenamientos legales: El Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la PGR y del Código Penal Federal. Ahí se establecen las causales para que la PGR atraiga los casos contra periodistas y medios de comunicación.

Entre ellos, cuando existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito hubiere participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal, cuando la vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real.
Cuando lo solicite la autoridad competente de la entidad federativa de que se trate, cuando los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente al ejercicio del derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta, cuando por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier tratado internacional del que el Estado mexicano sea parte, se hubiere determinado la responsabilidad internacional del Estado mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de delitos contra periodistas.

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