Comentario Zeta

Por. Carlos Z. Cadena
El Arraigo: Figura proscrita en Chiapas

Justamente en “Día del Abogado, el gobierno de Juan Sabines, hizo un pronunciamiento de raigambre social, al anunciar la eliminación de la figura del arraigo en Chiapas, que en el fondo lleva implícito una defensa en favor de los derechos humanos de todos y cada uno de los ciudadanos chiapanecos, que por una razón llegan a tener problemas con la presunta participación en hechos delictivos.

Nadie puede negar que desde muchos años atrás, esta figura jurídica, que cómo pan caliente se multiplicó por todo el país, ha resultado siempre controversial y ha sido tema de debate entre las mismas barras y colegios de abogados, porque demerita -sin ser a veces culpable- la misma salud pública del arraigado, que es privado de su libertad, mientras se consiguen más pruebas en su contra, pero mientras son peras y son manzanas, ya se le dio el título de preso o reo, aunque no se encuentre precisamente en una cárcel, pero si vigilado por la policía responsable de estos menesteres.

Hasta ahora, esta iniciativa de reforma –por cierto una más a la recién reformada Constitución de Chiapas- de aprobarse por el poder legislativo, el estado de Chiapas se convertiría en el primer estado en eliminar la figura del arraigo, que abre una potencialidad más exigente –porque eso es también en el fondo- para que se siga profesionalizando más todo los ingredientes que se enmarcan dentro de la procuración de justicia, que arranca con la investigaciones judiciales para documentar presuntas culpabilidades en los actores bajo la sospecha de cometer un agravio legal. Evidentemente esta reforma va dirigida para los delitos del fuero común, donde a veces se comete la incertidumbre del “arraigado”, de ser un inocente sentado en un banquillo de acusados.

Lo cierto es que es una acción del gobierno Sabinista, que le da mayor valor al tema de los derechos humanos y en eso precisamente es por donde se le quiere dar más solvencia a la nueva Constitución de Chiapas, recientemente reformada con varios títulos o capítulos que dignifican la vida humana, no solamente en una condición de carácter legal, sino con condiciones por ejemplo en favor del combate a la pobreza.

El mismo mandatario de Chiapas, Juan Sabines, reconoció este martes, que ante el estudio y análisis que vendrá por parte del Congreso estatal y el visto bueno Constitucional de los Ayuntamientos municipales, cuando dijo textualmente “que el arraigo es una figura que sirve cuando por falta de capacidad no se trabaja en la elaboración de la averiguación previa e integrar elementos suficientes para detener a una persona”.

En su mensaje el gobernador, dejó plenamente abierto en que se violan derechos humanos con esta figura que es legal en la ley, pero que ha servido para marchitar y desdibujar a inocentes ciudadanos, porque hasta resulta ofensivo que algunos arraigados se vayan por 15, 30, 45, seis meses, o más días, porque el Ministerio Público, todavía no reúne las pruebas de culpabilidad y al rato, simplemente les dan “el disculpe usted” y el pobre arraigado que resulta inocente, ahora ya lo enfermaron del corazón y la diabetes.

La verdad es que es un tema profundo, pero que habla de la buena fe en materia de derechos humanos del gobernador Sabines.

Saneamiento policiaco es saludable

El pasado viernes en una acción de absoluto firmeza pública, las autoridades municipales de Tapachula, ordenaron el cese fulminante de más de 35 elementos de la llamada Policía del Centro (parquímetros) y de Vialidad Municipal, que se les comprobó responsabilidades en actos de corrupción y otras diversas irregularidades, ante el cúmulo de quejas y denuncias de la población, quienes tuvieron que sortear durante meses atropellos y arbitrariedades, sobre todo por la Policía del Centro, cuya geografía laboral se constituía en la principales calles del corazón de la ciudad. Todo saneamiento al interior de un cuerpo policiaco es siempre saludable.

Después de minuciosas investigaciones, se tomó la determinación de asumir este “cese masivo”, cuya principal meta es reordenar mejor la vialidad municipal en el centro y evitar los actos de impunidad, un escenario que se aplaude, porque era ya perturbador para la sociedad Tapachulteca, la tiranía con que venían actuando los controvertidos policías de parquímetros, que se sentían amos y señores de la ciudad, cometiendo tropelías no solamente a ciudadanos locales sino al propio turismo Centroamericano.

En Cacahoatán, por incumplimiento a las normativas en materia de seguridad pública, además de no aprobar los exámenes de control y confianza, han sido cesados al menos 16 policías en lo que va la administración municipal, prometiendo la presidencia municipal, que el proceso de depuración será permanente hasta los últimos días en que concluya la administración.

La expectativa es lograr una policía municipal confiable, que sea digna de la población y no un grupo de servidores públicos que incurran en anomalías y componendas.

Son acciones muy importantes porque si hay un rubro de inconsistencias comúnmente es el rubro de la seguridad pública municipal, donde se incluyen ahora a policía si agentes de Vialidad, convirtiéndose la mayoría en entes desordenados de su trabajo y proclives a la corrupción, donde quienes pagan los platos rotos es la población. Por eso es importante poner orden en los cuerpos de seguridad, porque si eso falla, está fallando todo.

Ojalá esta tarea de confiabilidad policiaca se debe de asumir en muchos otros municipios, porque lo que se trata es de garantizar que los guardianes del orden, sean honestos y trasparentes en su actuar, porque si hay desvíos de actitudes, hasta se podría hablar de que haya complicidades con los delincuentes del orden común y hasta de la delincuencia organizada. Simplemente lo que no funciona, necesaria innovación.