BRÚJULA POLÍTICA

Felipe Granda: cuestionamientos ciudadanos. 

Por. Víctor M. Cruz Roque 
Vmcruzroque@hotmail.com

El que se ostenta como Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano de Tuxtla Gutiérrez, Felipe Granda Pastrana, tiene la obligación jurídica, social, ética y, ahora sí, ciudadana, de demostrar fehacientemente mediante dictámenes técnicos y científicos, que el crematorio de su propiedad y que está a punto de iniciar operaciones en la 21 poniente y 12 sur, colonia Penipak, efectivamente no generará afectaciones a la salud de quienes habitan en la periferia de ese lugar. 

Y tiene esas obligaciones, porque la representatividad que posee y que goza del reconocimiento oficial, es un organismo instituido mediante acuerdo, cuyo estatuto se sustenta en la Ley Orgánica Municipal, y que tiene como propósito coadyuvar efectivamente con las autoridades para “contribuir, impulsar y participar en el desarrollo integral del municipio, aportando sus conocimientos, experiencia personal, compromiso y trayectoria al servicio de la comunidad”. De no hacerlo, el organismo y sobre todo quien lo representa, está atentando contra los principios que le dieron origen. 

El crematorio--lugar donde se procede a la incineración o cremación controlada del cuerpo humano cuando éste ha cesado sus funciones vitales, es decir, ha muerto—que pretende poner en funcionamiento el ex presidente municipal, ha generado inconformidad entre los vecinos de esa área de la capital del estado, y a esa actitud de descontento social se le debe atender, independientemente de los argumentos que esgrimen los protestantes, o que tengan razón o no. 

Lo que no puede hacer Granda es actuar omisamente como lo hizo cuando gobernó el municipio, porque en ese entonces el golpe de suerte que le permitió acceder al cargo, le facultó atribuciones, que sumadas a la opacidad que lo caracteriza no podía esperarse otro resultado, ya al fin de cuentas el se veía obligado a servir a los intereses de quien dispuso estuviese ahí del 10 de abril del 2012 al 30 de septiembre de ese mismo año. Pero ahora supuestamente se encuentra del lado de los ciudadanos, y se espera que actúe en consecuencia. 

Que si el permiso correspondiente al uso de suelo lo obtuvo mediante tráfico de influencias en la época en que se desempeñó como regidor, o si lo hizo en su fugaz administración ya como presidente municipal sería otro asunto que debiera investigarse, sobre todo si cumple con los lineamientos establecidos para tal fin. Ya que en ambos casos, primero como parte del `séquito que acompañó a su antecesor, el repudiado Seth Yassir Vázquez Hernández y luego como sucesor de éste, en ambos casos la sospecha de irregularidades están sembradas. 

El comerciante textil puede dedicarse a la actividad empresarial que le plazca, pues nadie puede negarle el derecho que posee para invertir el peculio que posee, en lo que mejor satisfaga sus expectativas, con todo y que nadie olvida que fue precisamente a su paso por la comuna, como parte o directo responsable de la administración municipal donde se generó el endeudamiento más escandaloso que se tenga memoria y que todavía golpea la buena marcha institucional del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. 

El fraccionamiento y el hotel que está construyendo pueden ser parte de, de sus éxitos empresariales; aunque si algunos de quienes le acompañaron en su ·”servicio público”, dos sujetos de nombres Mario Albores y David Alvarado, que le sirvieron como secretario particular y secretario privado respectivamente también resultaron empresarios al término de la mini administración municipal, no puede esperarse otra cosa del Sr. Granda. ¿o sì?. 

EN CONCRETO. 

Mal hicieron los firmantes del Pacto por México en denominar Addendum--que es un concepto derivado de latín y que significa adición, agregado, suplemento etc., que es como lo entendemos la mayoría de los mexicanos. Pero bien, el caso es que los firmantes originales de ese acuerdo, decidieron complementar el texto que suscribieron el pasado 2 de diciembre, con el objetivo de actualizarlo y satisfacer las exigencias del PAN y el PRD para “blindar” los comicios que se celebraran en julio próximo en algunas entidades del paìs. 

A consecuencia de las desavenencias surgidas por la presunta utilización de los programas de beneficio social que ejecuta la Secretaria de Desarrollo Social en beneficio de una de las partes signantes, y que obligó a suspender por casi dos semanas la operatividad del mismo, los suscriptores, dirigentes de los partidos PAN, PRI y PRD, así como la Presidencia de la República, procedieron a reeditarlo, adjuntándole nuevos acuerdos a los cuatros principios rectores. Las adecuaciones tienen como propósito principal garantizar la transparencia y la limpieza en los 14 estados donde el próximo 7 de julio se efectuaran elecciones locales, entre ellos Veracruz, que es donde se prendieron los focos rojos inicialmente. 

Los 11 apartados supletorios se relacionan con nuevos compromisos de respeto a la legalidad y el blindaje electoral, que incluye suspensión de beneficiarios de los programas sociales durante 45 días previos a los comicios; suspensión de asambleas organizativas; Adelanto de pago de apoyos; Publicación de listados de beneficiarios de programas sociales previamente; Sanción inmediata de funcionarios que promuevan desacato a estas disposiciones; Investigación a gobiernos estatales que hagan retiros relevantes en efectivo en días previos a las elecciones, entre otros. 

También se incluyen tareas de la sociedad civil para garantizar la transparencia de los programas; auditar y revisar los padrones de beneficiarios; Revisión exhaustiva de los perfiles de los delegados federales y de los principales funcionarios encargados de ejecutar los diversos programas; Creación de comisiones plurales estatales con la participación de las fuerzas firmantes del pacto; Vigilancia estricta de la publicidad promovida por los gobiernos estatales, sobre todo la disfrazada en gacetillas u otras formas de manipulación; Creación de una Comisión Nacional Plural para la libre competencia; Instalación de Mesas Políticas de Trabajo para atender denuncias; Promoción de observadores electorales nacionales e internacionales; Posibilitar una Reforma Electoral antes de las elecciones; Crear un Sistema Nacional de Programas Sociales y Transparencia, deudas estatales y combate a la corrupción. 

Como se observa, estos aditamentos firmados por el Presidente Enrique Peña Nieto; y los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, Gustavo Madero, Cesar Camacho y Jesús Zambrano, son un verdadero rosario de buenas intenciones, pero falta ver los resultados de ésta re oxigenación del llamado Pacto por México. 

El asunto no es de carencia de leyes o normas, sino de ausencia de voluntades. 

APUNTES. 

**La propuesta de crear una instancia electoral única para organizar las elecciones en todo el paìs, es una propuesta que todavía no se inscribe en los acuerdos del Addendum, o agregados que se le hicieron al Pacto por México recientemente. La idea es similar a la de la Policía de Mando Único solo que de carácter electoral. Lo cierto es que ya despertó muchas reacciones a lo largo y ancho del territorio nacional y ya se expresan voces a favor y en contra, mismas que obviamente son motivadas de acuerdo a sus intereses. Las añadiduras que se le hicieron al Pacto, por lo pronto, tienen que ver directamente con las elecciones próximas, por lo que dichos acuerdos serán instrumentados inmediatamente. 

La propuesta de crear ese organismo nacional implicaría desaparecer las comisiones, consejos o institutos estatales en todas las entidades de la República, lo que aunado a los ahorros presupuestarios también está implícito el adelgazamiento de la burocracia electoral nacional. 

Esto es lo que se dice en el seno del Pacto por México, falta ver que o en qué sentido se pronuncian los de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que dicho sea de paso, serian los principales perjudicados. Ampliaremos sobre el tema. 

**En la burocracia estatal crece la exigencia de que se audite al dirigente saliente Dr. Ricardo Cruz Coello, ya que-se dice-los trabajadores desconocen el paradero de los 5 millones de pesos que otorgó el ex gobernador Juan Sabines Guerrero en abril pasado. 

Otros rubros que piden sean revisados, se relacionan con la Caja de Ahorro, sobre todo que se acerca el cambio de la dirigencia estatal del STSGE, proceso en el cual el actual dirigente insiste en imponer a uno de sus incondicionales. 

Es todo, gracias.