viernes, 26 de septiembre de 2014

CRONICA CHIAPANECA


Una lucha interminable.

Daniel Flores Meneses
El secuestro y asesinato del Diputado Federal priista del Distrito 18 de Jalisco, Gabriel Gómez Michel, es sin lugar a dudas el primer asesinato político en el gobierno del Presidente Peña Nieto, que viene a demostrar que la lucha en contra del crimen organizado aún tiene mucho camino por recorrer.

Este es el peor de los crímenes porque involucra al Congreso con uno de sus diputados y sobre todo a un Estado en donde a pesar de que existe, trata de minimizar la presencia de la banda “Jalisco Nuevo Generación”, grupo de criminales que han puesto en jaque al sistema judicial. Es más no les gusta el nombre al gobierno local, por eso le quitan el nombre de Jalisco.

Este crimen perpetrado por profesionales demuestra claramente el trabajo que tendrá que realizar el gobierno para parar a estos sicarios. De igual forma lo que está de nuevo sucediendo en Michoacán en donde se creía ya superada la contingencia y que se había exterminado a los grupos criminales de la “familia michoacana” nos muestra claramente que falta mucho con sus acciones, de asesinatos y levantones. De los últimos días.

Será una coincidencia, seguramente lo es, que hace 20 años otro prominente priísta José Francisco Ruíz Massieu, fue asesinado aquella mañana del 28 de septiembre, de 1994.

Este crimen político quedó impune nunca se supo a ciencia cierta que fue lo que pasó porque todo fue enredado por la participación inclusive de videntes como “La Paca” que fue llevada para desenterrar una calavera.

Comienza una nueva etapa en esta lucha sin duda, pero lo mejor de todo es que ahora el gobierno cuenta con una nueva estructura policial como es la gendarmería y seguramente mayores apoyos como los que se dieron con las cámaras de vigilancia en Guadalajara.

Hay mucha preocupación en el medio político por este crimen perpetrado en Jalisco en contra el Diputado. No es un buen síntoma para ellos, los dirigentes partidistas esperan una pronta solución.

Este crimen tendrá que ser tratado a fondo, para impedir que los mexicanos de nuevo vuelvan a dudar de lo realizado hasta ahora en donde los índices delictivos han venido disminuyendo. Un crimen de alto impacto como el del Diputado priista cambia escenarios y credibilidades.

Hay que reconocerle mucho al Presidente Peña Nieto y es su decisión de volver a poner a México en el escenario mundial. Tras 21 años, México volverá a enviar fuerzas civiles y militares a las misiones humanitarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en los países en conflicto, Esto lo anunció en su viaje a Nueva York.

Durante su participación en el debate general de la 69 Asamblea General de la ONU, en Nueva York, el mandatario consideró como histórica la participación del país “en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, realizando labores de índole humanitaria en beneficio de la población civil”

De acuerdo con datos de la Facultad de Economía, de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM), en los últimos 25 años, el poder adquisitivo del salario mínimo en el país perdió el 76.3 % de su valor. Lo que significa que con un salario mínimo se pueden comprar cada vez menos cosas. Por ejemplo, durante las últimas tres décadas con un salario mínimo se podían adquirir 50.9 kilogramos de tortilla, en contraste, en 2012 el volumen cayó a 5.1.

Aunque es un tema muy importante, información recabada en la más reciente encuesta realizada en vivienda, por Parametría, indica que el dato sobre a cuánto asciende el salario mínimo en el país, es desconocido por la mayoría de los mexicanos.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) refiere que el salario mínimo general del área “A” llega a 67.29 pesos diarios y en el área “B” es de $63.77[4], datos de nuestra encuesta muestran que, 32 % de los entrevistados ignora cuál es el salario mínimo en su lugar de residencia y 47 % expresó estimaciones erróneas. Únicamente dos de cada diez entrevistados (19 %) saben que el mínimo en el país oscila entre 63 y 68 pesos diarios.

El desconocimiento sobre a cuánto asciende el salario mínimo es mayor en el Distrito Federal, donde el 45 % de los entrevistados refirió no conocer el dato y 28 % proporcionó una cifra errada.

Cambiando de tema, las comisiones Unidas del Senado aprobaron en lo general y de forma unánime el dictamen de la iniciativa preferente sobre protección a niños y adolescentes, dejando decenas de reservas a diversos artículos para la discusión en el pleno en la sesión extraordinaria del próximo lunes.
El dictamen de esta Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, mantiene muchas cosas entre ellas resaltan las sanciones millonarias para los medios de comunicación por la difusión de imágenes de menores, con multas hasta de 4.3 millones de pesos.
Otra más que llama la atención son las multas de cien mil y hasta dos millones de pesos, es la violación a los derechos de los niños o la falta de notificación a las autoridades en caso de ser testigo de una violación, y podrán aplicarse al doble si la persona o institución reincide en la infracción.
A la misma multa se harán acreedores cuando propicien, toleren o se abstengan de impedir, cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato o perjuicio de que tengan conocimiento, en contra de niños y adolescentes.
Y también serán multados con la misma suma profesionales en trabajo social o psicología que intervengan en procedimientos de adopción que no cuenten con la autorización del Sistema Nacional DIF en los casos competencia de dicho sistema.
Los concesionarios de radio, televisión y quien dirija medios impresos, podrán ser multados por la difusión o transmisión de imágenes, voz o datos que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niños o adolescentes, o si hacen apología del delito.
Si se viola la intimidad personal o familiar de niños o adolescentes y si realizan entrevistas o las difunden sin autorización.
Por la difusión de datos personales de niños o adolescentes relacionados de cualquier forma en procedimientos penales o a quienes se les apliquen medidas de reparación, reinserción, restitución o asistencia.

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