Café Avenida
Fin a los presos y juicios
Viene esto a colación porque en Chiapas todos conocemos historias de encarcelamientos injustos, de encarcelamientos con motivaciones políticas. No solo el sexenio pasado abusó de los arraigos (ahora hay cuarenta arraigados y Morales Messner tiene toda la ciudad de cárcel) o de los jueces y ministerios públicos de consigna, muchos han sido los gobiernos los que persiguieron y encarcelaron disidentes. Recordamos como un empleado de Chalón maniobró con todo lo que tuvo a la mano para que metieran a la cárcel a Conrado de la Cruz Jiménez que terminó su vida huyendo de las persecuciones y vio perderse la libertad y luego la muerte de su vástago en una conspiración absurda en su contra y su familia.
Por eso muchos cuando les gritan ¡uje! Como a los chuchos, mejor se callan y se van con la colita y las orejas bajas, para que no sean presos, perseguidos o hasta asesinados como Tito Gallegos, Alfredo Solórzano, Roberto Mancilla Herrera o líderes sociales de los cuales las listas son largas. Eso de los arraigos es un contrasentido del cual solo en México se abusa: violenta los derechos humanos y contradice el principio de que nadie es responsable de un delito, hasta que no se le demuestre lo contrario. Aquí primero se les responsabiliza y encarcela, y luego se les investiga sin que la destartalada Comisión Estatal de Derechos Humanos digan nada. ¿Cuántas observaciones han hecho de violaciones de derechos humanos? Recomendaciones, menos!
35 detenidos y exhibidos
Eso lo traemos a colación ahora que 35 detenidos en el llamado “michoacanazo” están libres y que el hermano del gobernador de Michoacán lo mismo fue liberado de cargos por un juez federal que lo amparó contra la PGR y eso le valió para que en la Cámara de Diputados le tomaran la protesta como diputado federal y ahora tenga fuero. Eso de que quieran exculparse diciendo que salieron no porque sean libres, sino porque no les pudieron probar sus responsabilidades, es una manifestación de cinismo e ignorancia panista. Si no les tenían las colas pisadas, causas probadas, nunca debieron detenerlos. La muestra más ominosa de la gravedad de los arraigos es esta en que la vida municipal de más de una veintena de ayuntamientos michoacanos fue puesta en peligro, violentados los fueros de los presidentes y sus derechos humanos al ser detenidos por infundadas sospechas. Ahora si había razones de peso pero no pudieron probarlas, es una manifestación de inoperancia o ineficiencia de las policías y una señal clara de que en México no se hace investigación, no se tienen cuerpos capacitados de inteligencia y que al no haber buenas policías, por eso estamos como estamos.
Es toda una vergüenza de nuestro sistema de justicia lo del michoacanazo y aunque el presidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró ayer jueves en Morelia que si la Procuraduría General de la República no hubiera tenido una convicción elemental de la existencia de delitos y la presunta responsabilidad vinculada a ex funcionarios capturados durante el denominado ‘michoacanazo’, no se habría actuado tal y como se hizo con el arresto de parte de las fuerzas armadas de 35 servidores públicos de distintos niveles en la entidad. ¿Entonces por qué los soltaron? ¿Están sugiriendo que los narcopolíticos del PRD se compraron a los jueces? ¿No quieren aceptar que usaron el michoacanazo de golpe de timón y de propaganda, como mecanismo de evasión de la realidad y al igual que la guerra contra el narco, como un instrumento de legitimidad a lo que se sabe o se siente ilegítimo?
Si no pudieron, que no salpiquen
Si fueron liberados 35 protagonistas o víctimas del “michoacanazo”, no hay razones de peso para que afirmen que las actuaciones judiciales han sido apegadas a derecho y con la finalidad de preservar la seguridad de los michoacanos y “consecuentemente tener cero tolerancia para los criminales y para quienes los encubren, porque una parte muy importante del fenómeno delincuencial que padece este estado y muchos en el país, es precisamente un fenómeno del andamiaje, cobertura social o política que facilita obviamente la acción de los criminales”. No se vale salpicar por incompetencia y menos por mala fe a otros poderes como el Poder Judicial de la Federación y suena de riesgo institucional que el presidente defienda el nuevo fracaso de su colaborador al decir que “es evidente que (el michoacanazo) es un proceso que continúa su curso, porque hasta donde entiendo la PGR ha apelado diversas resoluciones del juez primero de lo penal radicado en Morelia y lo que me hacía observar el procurador, por ejemplo, se ha exonerado a funcionarios con argumento que a juicio de Arturo Chávez Chávez son argumentos infundados y los elementos incriminatorios son de diversos tipos”.
Con todo que se niega a reconocer el fracaso y que no tuvieron la razón jurídica para proceder contra alcaldes, funcionarios estatales y municipales y hasta contra el procurador michoacano que liberado pide su reinstalación en el cargo, el presidente de la República lamentó, sin embargo, que este asunto haya polarizado a grupos políticos, pero “quiero subrayar que este es un asunto de legalidad de justicia”. ¿Puede llamarle legalidad a la encarcelación y luego liberación de 35 detenidos? ¿Es legal detener porque me dijeron o solo porque dicen o se dice? ¿Es ético desmoronar la imagen pública y el prestigio familiar de detenidos que más tarde son puestos en libertad pero sin la alharaca mediática con la que fueron detenidos? Cabe recordar que el pasado 26 de mayo del 2009 (antes de las elecciones), mediante un operativo federal se detuvo a diversos alcaldes y funcionarios públicos estatales y municipales, y los días subsecuentes fue atrapado otro grupo, todos acusados de formar una red de protección al crimen organizado, concretamente de la llamada Familia Michoacana.
Los próximos diputados
Este fue un sonoro fracaso de los que desconocen el poder y el Estado de derecho. El que la dependencia recurse la liberación de los 35 liberados trastoca la credibilidad del poder judicial y concretamente de los jueces que primero les dieron obsequiosos las ordenes de aprehensión, para que luego otros jueces federales los liberaran. No le miden al daño que le pueden causar a la vida institucional del país por no querer aceptar que el “michoacanazo” fue una medida más mediática, propagandística y partidarizada contra enemigos personales (son sus paisanos), que una acertada decisión política de un hombre de Estado, que está muy lejos de ser. Por ello el líder senatorial del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete, tiene razón cuando calificó de equivocada la decisión de la PGR de interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra el juez que liberó a 35 ex funcionarios de Michoacán. Lo dijo de esta manera el guanajuatense que cobra en Tuxtla cada mes: "Ahora resulta que quien tiene la culpa de las fallas en estas acusaciones y la agresión que sufrieron más de 30 funcionarios michoacanos, es del juez que ordenó su libertad". En entrevista, aseveró que dicha acción "es una agresión muy grave al Poder Judicial que espero, junto con el juez respectivo, sepa responder con valentía y energía". "No puede ser aceptable que las fallas en las acusaciones y lo endeble de las mismas sean responsabilidad de los jueces como lo señala la PGR".
A su vez, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), José González Morfín (paisano de Calderón como Germán Martínez, Nava y un chingo más del gabinete legal y ampliado) sostuvo que la acción que emprendió la PGR este día es un derecho de la dependencia y seguramente el Consejo de la Judicatura Federal también tiene que decir algo al respecto, pero rechazó la posibilidad de que en estos momentos se pidan disculpas a los funcionarios liberados por haber estado presos durante más de un año, pues "estos casos no han concluido, los procesos continúan y habrá que ver cómo concluyen". Es lo que debieran poner los diputados locales en Chiapas, un freno al abuso político del sistema judicial, obligando que los detenidos, arraigados o encarcelados injustamente sean resarcidos económicamente con 20 salarios mínimos diarios por cada día de injusta pérdida de libertan; que a los ministerios públicos que consignen estos casos y a los jueces que los sentencien, se les revoque la licencia para ejercer los cargos, de tal manera que dejen de haber presos por consigna.
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Finalmente: “Cuando la política tiene por objeto, bajo nombres de libertad, el reemplazo en el poder de los autoritarios arrellanados por los autoritarios hambrientos, el deber del hombre honrado no será nunca, ni aun con esa excusa, el de echarse a un lado de la política, para no dejar que sus parásitos la gangrenen” lo dijo el político y escritor cubano José Martí. Recuerde No es nada personal.
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