Por. Alberto Ramos
*Amador Rodríguez Lozano puede ser denunciado por encubrimiento y por obstaculizar la impartición de la justicia en el caso de la matanza de Acteal.
Los lamentables sucesos de Acteal en el año de 1997, en donde fueron masacrados 45 indígenas chiapanecos -14 niños, un bebé, 21 mujeres y 9 hombres-, vuelve a tener resonancia en el ámbito nacional e internacional y este conflicto, se convierte nuevamente en un factor determinante para dirimir la lucha política en el 2012, por las implicaciones que tiene la denuncia presentada el 16 de septiembre pasado, en una corte en Estados Unidos, en contra del ex Presidente Ernesto Zedillo, por crímenes de guerra y por lesa humanidad.
Esta denuncia responde en parte a la resolución de agosto de 2009 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al exonerar y liberar de inmediato a los presos acusados por los asesinatos cometidos en contra del grupo “De las Abejas” en Acteal, que puso en evidencia las investigaciones emprendidas por el Gobierno Federal en donde se concluyó que se fabricaron culpables y de que los acusados resultaban inocentes. Pero más que la resolución de la Corte, lo que sirve de sustento al grupo de abogados norteamericanos que demandaron a Zedillo, es un documento elaborado por la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia en el Estado y aquellos cometidos en el Poblado de Acteal, misma que fue creada en Chiapas a iniciativa del gobernador Juan Sabines.
Las investigaciones realizadas por esta fiscalía concluyen que los responsables de estos homicidios son el ex Presidente Ernesto Zedillo, su secretario particular, Liébano Sáenz y Jorge Madrazo que se desempeñaba como Procurador de Justicia en 1997.
Mientras que las investigaciones realizadas en su momento por el Gobierno federal, concluyeron que la matanza de indígenas fue el resultado de un conflicto intra e intercomunitario, la fiscalía especializada concluye que los hechos que derivaron en la matanza fue el resultado de una política de contrainsurgencia definida y puesta en acción bajo la administración del ex Presidente Ernesto Zedillo. Pero aún peor, las investigaciones de esta fiscalía concluyen que las autoridades federales, estatales y municipales, poseían pleno conocimiento de las acciones de contrainsurgencia implementada por los grupos paramilitares y no hicieron nada para impedir esa masacre.
Las conclusiones de este documento elaborado por la fiscalía son contundentes, no deja lugar a dudas de que las responsabilidades de esta masacre recaen en Zedillo y sus colaboradores. Sin embargo ¿por qué la conclusiones de esta investigación no han conducido a una denuncia penal en contra del ex Presidente por parte del gobierno de Chiapas? ¿De qué sirvió integrar esta fiscalía si finalmente no va a ejercer acción penal en contra de los que resulten responsables de esa matanza?
Todo parece que hasta ahorita nadie en el gobierno de Chiapas ha recapacitado que las conclusiones de este documento sitúa en condiciones de omisión a Raciel Salazar, Procurador de Justicia del Estado y que esta omisión puede afectar el buen desempeño realizado por el gobernador Sabines, quien ha depositado su confianza en colaboradores que no han hecho honor a esa confianza. Todo esto resulta de las conclusiones de esta fiscalía que a la letra expresa en la página 6 del documento: “Esta Fiscalía estima que sólo habrá justicia para los 45 indígenas victimados y reparación del daño causado a sus familias cuando se consigne penalmente a los responsables de esas muertes.”
Sin embargo en el transcurso de la investigación el nombre de Amador Rodríguez lozano aparece como responsable de obstrucción de la justicia, al negarse a firmar el oficio citatorio girado por esta Fiscalía Especializada el 24 de julio de 2008, para que el ex Presidente Zedillo se presentara a declarar. Esta declaración aparece en la página 98 del documento en mención en donde el fiscal especial declara textualmente que el Ministro de Justicia Lic. Amador Rodríguez Lozano, con anterioridad y en forma categórica le ordenó que por ningún motivo citara a declarar al licenciado Emilio Chuayffet y al Dr. Ernesto Zedillo.
Este asunto que en la prensa nacional ha sido abordado como parte de la lucha política que tienen los ex Presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, posee en sus entrañas una preocupación mayor que no ha sido tomado en cuenta, que afecta la gobernabilidad de Chiapas en virtud de que el gobierno federal no ha resuelto los problemas sociales que generaron el levantamiento armado de 1994.
Finalmente. Ayer, de manera exitosa la Senadora María Elena Orantes presentó en el Centro Cultural “Jaime Sabines” su libro más reciente intitulado “Belisario Domínguez Palencia”, en donde demostró que su talento se combina con formación académica y sensibilidad política. A tal grado que el moderador de la presentación del libro Armando Cortés Rueda, no dudo en afirmar que en la senadora Orantes confluyen las características señaladas por Max Weber en el Político y el Científico.
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