Rafael Victorio Ruiz
Replantear la existencia del Instituto Nacional de Migración (INM) cuyos agentes están inmiscuidos con las bandas de la delincuencia organizada que secuestran, extorsionan, asaltan, roban, violan y hasta asesinan a migrantes centroamericanos, plantearon organismos no gubernamentales que este día iniciaron la caravana “Paso a paso hacia la paz”.
Ahí el coordinador del albergue “Hermanos en el Camino”, el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, denunció que si existe una orden de asesinarlo ésta no vendría de la delincuencia organizada como “Los Zetas” o la “Mara Salvatrucha”, sino de funcionarios del más alto nivel del gobierno federal o de Oaxaca, a los cuales, dijo ha trastocado sus intereses con las denuncias de las agresiones en contra de los migrantes centroamericanos.
Con una marcha que partió del albergue “El Hogar del Señor de la Misericordia” en la que participaron decenas de migrantes y activistas nacionales y observadores internacionales que fueron hasta las vías del ferrocarril y a la plaza central, inició la caravana en pro de la defensa de los migrantes y en solidaridad con Solalinde.
Con mantas y pancartas pero custodiados por elementos de la Armada de México, Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se movilizaron y en una conferencia de prensa, reiteraron que el tramo entre Chahuistes e Ixtepec es el más peligroso para los centroamericanos.
El coordinador del albergue “El Hogar del Señor de la Misericordia”, Heyman Vázquez Medina, dijo que los migrantes para llegar a Arriaga en donde toman el tren para continuar su viaje hasta el norte del país tienen que caminar más de 200 kilómetros desde la frontera con Guatemala, aunque reconoció que en todo ese tramo las agresiones en su contra han bajado hasta en más del 90 por ciento.
Es precisamente cuando a bordo del tren abandonan territorio chiapaneco para internarse en el oaxaqueño que empieza su calvario al ser presas de robos, asaltos, extorsiones, secuestros y asesinatos.
Al respecto, Solalinde Guerra sostuvo que “la zona del Itsmo entre Chahuites e Ixtepec, Oaxaca, se ha convertido en un corredor de tragedia humanitaria, en donde los migrantes han sufrido hasta los más deleznables atropellos a sus derechos humanos y que lo peor es que la impunidad persiste en toda la región, pues la justicia no llega para las víctimas”.
En ese sentido denunció la colusión entre policías y agentes migratorios con las bandas de criminales que atacan a los migrantes, recordando que son cientos de casos documentados e incluso que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene registrados diez mil secuestros en los últimos cinco años.
Señaló que derivado de las denuncias sobre esas agresiones ha sufrido una serie de amenazas de muerte, pero no precisamente del crimen organizado –“Los Zetas” y los “Mara Salvatrucha”-, sino que ésta podría venir “de un alto funcionario del gobierno de Oaxaca o el gobierno federal, porque es hasta esos niveles que ha incrustado la delincuencia organizada”.
“Con mis denuncias he trastocado sus intereses, los secuestradores son el último eslabón de la delincuencia organizada que se debe combatir en las más altas esferas políticas gubernamentales”, insistió durante la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado también por el coordinador de atención a migrantes de Oaxaca, padre Fernando Cruz; la coordinadora de Movimientos de Migrantes en Mesoamérica, Elvira Arellano y los activistas, Irineo Mújica, Rubén Figueroa, Eduardo García, entre otros.
Consideró que el Instituto Nacional de Migración debe cambiar en forma total, replantearse su existencia, al ser una institución obsoleta que ya no tiene razón de ser así como está, pues “sus agentes han estado muchas veces al servicio del crimen organizado”.
RECONOCIMIENTO
Los activistas a través de Heyman Vázquez reconocieron las acciones emprendidas por el gobierno de Chiapas para ofrecer seguridad a los migrantes centroamericanos que atraviesan su territorio en busca de llegar a los Estados Unidos, pero “es urgente que se ponga en la agenda de todos los niveles el tema migratorio”.
Plantearon que el gobierno federal debe reconocer que se violan los derechos humanos de los migrantes en territorio mexicano e invitó “a los gobiernos de otros estados del país que sigan el ejemplo de Chiapas en materia de defensa de ellos, al lograr disminuir hasta más del 90 por ciento las agresiones que sufrían”.
Llamaron a la sociedad civil a organizarse y trabajar por la protección y defensa de ese sector vulnerable. “Si la delincuencia se organizada, nosotros también lo debemos hacer”.
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